Grupos civiles demandan un plan a futuro sobre cuándo el Gobierno reformará las legislaciones restrictivas.
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Manifestatnes durante las protestas por el berish (cambio) en Kuala Lumpur en 2011. Fotografía de Hafiz Noor Shams, publicada en Wikipedia (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).
Este artículo es parte de la serie Spotlight de septiembre de 2026 de Global Voices, “Protesta en democracia”. Con esta serie, buscamos explorar las diversas formas de protesta, las tácticas que los Estados utilizan para deslegitimarlas y suprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puede apoyar esta cobertura con una donación aquí.
Defensores de los derechos humanos están pidiendo al Gobierno de Malasia que reestructure el proyecto de ley de reunión pacífica, que contiene múltiples correcciones que permitirán a la Policía y autoridades debilitar, interrumpir e incluso criminalizar protestas y asambleas públicas. Pese a meses de promesas de enmendar la controversial corrección, el Gobierno ha atrasado las reformas.
Este proyecto de ley fue aprobado en 2012 y lo han usado sucesivos gobiernos para acusar de acoso a organizadores de protestas y líderes de sociedades civiles.
Luego de años de criticar la ley, las sociedades civiles consiguieron una significativa victoria en 2025 cuando el primer ministro Anwar Ibrahim se comprometió a corregir las secciones más severas de la ley, en particular la sección 11, que requiere el consentimiento de un propietario antes de que se celebre una reunión o protesta en un lugar especifico.
A esto le siguió un fallo favorable del Tribunal Federal en julio de 2025, que eliminó la sección 9 (5) del acta de reunión pacífica por inconstitucional e inválida. La sección 9 (5) requería que los organizadores de protestas notificaran a la Policía al menos con cinco días de anticipación para realizar una protesta o asamblea. Incumplir esta normativa se consideraba un delito que las autoridades a menudo citaban para amedrentar a los activistas. En su resolución, la sala declaró la sección como «una intervención desproporcionada» que se convertía en una prohibición más que una restricción a derechos garantizados.
En un principio, el Gobierno buscó revisar el fallo; sin embargo, se descartó luego de una reunión del gabinete en enero de 2026, lo que significa que la decisión judicial sigue vigente.
Pese a este trascendental fallo y el expreso compromiso del Gobierno, la promesa de corregir la ley está estancada en el Parlamento en el último año.
La Policía desbandó violentamente una protesta en julio de 2025 cerca del Parlamento, mientras los manifestantes exigían una reforma de la «draconiana legislación». Además, la Policía intentó impedir que los manifestantes entregaran un memorándum a los legisladores contra la «represiva ley».
Nalini Elumalai, coordinadora principal de la organización de derechos humanos ARTICLE 19, condenó el actuar policial en una declaración.
Peaceful assemblies are crucial in bringing to light topics of legitimate public interest. Yet, those who call for accountability, including the reform of archaic laws that are not in line with international standards, are often repressed or silenced.
Las reuniones pacíficas son cruciales para dar a conocer temas de legítimo interés público. Aun así, quienes piden que se asuman responsabilidades, incluida la reforma de leyes arcaicas que no están de acuerdo con parámetros internacionales con frecuencia son reprimidos o silenciados.
Las autoridades todavía utilizan la mencionada ley para amenazar a organizadores de protestas, lo que llevó a que, en febrero de 2026, la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKAM) enviara un recordatorio dirigido a los cuerpos policiales.
SUHAKAM notes that the Peaceful Assembly Act (PAA) 2012 places responsibilities on the authorities, including the police, to manage assemblies in a lawful, proportionate and facilitative manner. Any enforcement action taken should be grounded in clear legal authority, respect due process, and be appropriate to the circumstances.
SUHAKAM les recuerda que el Acta de Reunión Pacífica de 2012 señala a las autoridades, incluida la Policía, como responsables de manejar las asambleas de forma legal, medida y útil. Cualquier intervención debe fundamentarse en una clara autoridad legal, respetar ese proceso y estar de acuerdo con las circunstancias.
En abril de 2026, Amnistía Internacional Malasia expresó consternación por la ausencia de acciones significativas para reformar la ley.
More than a year on, there has been no substantive overhaul of the law. Instead, authorities have continued to rely on its repressive provisions, alongside the Penal Code and Minor Offences Act, to investigate and intimidate protesters.
Announcements of reform alone are not enough, as people are still being arrested, investigated, and intimidated for speaking out. The government must urgently amend the Peaceful Assembly Act as it has promised, ensuring it is in line with international human rights law.
Luego de más de un año, no ha habido una modificación sustancial de la ley. Las autoridades continúan utilizando medidas represivas, el Código Penal y el acta de ofensas menores para investigar e intimidar a los manifestantes.
Los anuncios de la reforma por sí solos no bastan; siguen arrestando, investigando e intimidando a quienes se expresan. El Gobierno debe corregir urgentemente el proyecto de ley de reunión pacífica como se comprometió, y asegurar que cumple con los parámetros de las leyes de derechos humanos.
Divya Shesshsan Balakrishnan, representante de Amnistía Internacional Malasia, señaló que a activistas contra la corrupción y manifestantes estudiantiles se les sigue procesando por organizar protestas. Además, declaró que la posición de Malasia en materia de los derechos humanos suele ser inconsistente con sus acciones locales. Como ejemplo, señaló que, a pesar de que el Gobierno de Malasia ha criticado los ataques de Israel contra el pueblo de Palestina, también ordenó arrestar a algunas personas que protestaron contra la intercepción israelí de la flotilla Global Summud.
En agosto de 2026, un conjunto de sociedades civiles exigió al Parlamento de Malasia que presentara un plan de avance claro para corregir el proyecto de ley de reunión pacífica. En una conferencia de prensa, Anas Nor’azim, funcionario de Bersih, resumió el sentir de los activistas de los derechos humanos: «La misma promesa se repite nuevamente, pero la tan esperada reforma continúa estancada en fase de estudio».
