Todos los togoleses se ven afectados por la crisis económica y política del país
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Manifestación contra Faure Gnassingbé en Bélgica, octubre de 2017. Desde las protestas de la Generación Z de 2025, el Estado togolés ha tomado medidas represivas contra los manifestantes y la sociedad civil. Imagen de Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en Democracia«. Esta serie busca explorar las distintas formas de protestas, las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
En Togo, las manifestaciones y las oportunidades de desobediencia civil se están agotando mientras el Gobierno toma medidas drásticas contra la sociedad civil y endurece las restricciones a la libertad de expresión en medio de una persistente crisis política. Sin embargo, esto no supone el fin de las protestas, ya que los ciudadanos encuentran otras vías para hacer oír su voz.
Como las concentraciones presenciales se han vuelto difíciles de organizar o demasiado arriesgadas para los ciudadanos, las protestas en línea se han convertido en una forma cada vez más habitual de disidencia política en Togo.
Constitución controvertida
Para comprender lo que está en juego actualmente, es importante conocer las reformas que han transformado las instituciones de Togo. El 25 de marzo de 2024, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Constitución que transformó el sistema del país, que pasó de un sistema presidencialista a uno parlamentario. En el marco de esta reestructuración, el cargo de presidente de la República, ahora elegido por los diputados y no por sufragio universal directo, pasó a tener un carácter mayoritariamente ceremonial. La mayor parte del poder recae en el presidente del Consejo, un cargo sin límite de mandatos. Faure Gnassingbé ocupa este cargo desde mayo de 2025, tras veinte años como jefe de Estado.
El Gobierno dijo que la reforma fomentaría la estabilidad y la gobernanza colaborativa, mientras que la oposición se mostró en desacuerdo. El Hadj Madi Djabakaté, politólogo y presidente del Centro para la Gobernanza Democrática y la Prevención de Crisis, resumió este cambio y dijo que la reforma ha «consagrado la concentración de poder en la Constitución», en lugar de crear un nuevo equilibrio de poderes.
Este polémico cambio y la reacción que provocó desencadenaron las protestas de junio de 2025, unas de las mayores en Togo desde 2017, según CIVICUS Lens. Las protestas se desencadenaron tras la detención del rapero togolés Aamron, que se había pronunciado en línea sobre el deterioro de las condiciones de vida y la corrupción política. Las reivindicaciones de los manifestantes eran principalmente de carácter económico y social: exigían un salario mínimo de 52,500 francos CFA al mes (aproximadamente 93 dólares) uno de los más bajos de la subregión, y que el Gobierno limitara los cortes de energía a un máximo de cuatro a seis horas al día, según la misma fuente.
Las fuerzas policiales reprimieron violentamente las protestas, lo que dejó al menos siete muertos y más de 140 detenidos a lo largo del mes.
La exministra de Defensa Essossimna Marguerite Gnakadé condenó públicamente la violencia. Tres meses después, el 17 de septiembre de 2025, fue detenida por incitación a la rebelión, según el informe anual de Amnistía Internacional de 2026. Por su parte, Aamron fue detenido de nuevo el 19 de septiembre de 2025 por los mismos cargos, antes de quedar en libertad condicional.
El colectivo M66 (Movimiento 6 de Junio), formado a raíz de estos acontecimientos, ilustra el cambio en las estructuras organizativas del país. Por no tener portavoz oficial ni personalidad jurídica reconocida, no pudo registrar legalmente una manifestación, lo que complicó las cosas a las autoridades que buscaban un objetivo, pero también privó a los manifestantes de la protección que normalmente ofrece una manifestación autorizada, explica Ahouefa Sossou, abogada y defensora de derechos humanos del Centro de Documentación y Formación en Derechos Humanos, en una entrevista con CIVICUS Lens. En diciembre de 2025, el movimiento convocó otra manifestación, que coincidía con la inauguración del IX Congreso Panafricano en Lomé.
Tecnología digital: la segunda línea de frente
Desde que comenzaron las protestas el 26 de junio de 2025, las autoridades togolesas impusieron un bloqueo de internet a nivel nacional. Más de 15,000 puntos de datos recopilados entre el 25 y el 27 de junio revelaron interrupciones sistemáticas en las redes fijas y en las móviles. Las interrupciones, que afectaron principalmente a Facebook, TikTok y YouTube, se prolongaron mucho más allá de los tres días de protestas: a finales de agosto de 2025 aún se seguían registrando, lo que obligó a algunos usuarios de internet a recurrir a redes privadas virtuales (VPN) para seguir trabajando o comunicándose.
El cambio se hizo evidente en la segunda mitad del año. El 3 de octubre de 2025, Mawama Talaka, fiscal general de Togo, denunció públicamente el uso «abusivo y anárquico» de las redes sociales, y advirtió que cualquier publicación o comentario que se considerara fuera del marco legal expondría a su autor a acciones judiciales, incluido lo que denominó «complicidad por aprobación». Ese mismo día, Grâce Koumayi Biyoki, partera y activista de derechos humanos, fue detenida en su domicilio a raíz de un vídeo publicado en línea, según Article 19, que describió el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2025 como un «alarmante reducción» del espacio cívico togolés. En noviembre de 2025, un decreto amplió aún más el alcance de las acciones judiciales para incluir simples interacciones en línea, como dar a «Me gusta» a una publicación.
Consecuencias de la autocensura
Según Ahouefa Sossou, esta «reducción silenciosa del espacio de expresión» es más preocupante que las propias detenciones, ya que no deja rastro alguno que se pueda cuantificar. En su opinión, quienes se expresaban libremente hace dos años se ven ahora obligados a guardar silencio. Sossou destaca un riesgo específico relacionado con el género: las defensoras de derechos humanos que se ven obligadas a reducir o cesar su activismo en línea por la presión del acoso y de sus familias.
El precio de expresarse públicamente también lo miden quienes han optado por marcharse. Rodrigue Ahégo, coordinador nacional del movimiento prodemocrático Tournons La Page-Togo, fue detenido en septiembre de 2024.
«No es fácil; es difícil», confiesa, al describir las amenazas y la intimidación que le llevaron a abandonar el país, según un informe de Icilome.
La misma fuente documenta dos casos de periodistas obligados a borrar sus grabaciones bajo presión policial: Flore Monteau, corresponsal de TV5 Monde, el 6 de junio de 2025 en Lomé, y Albert Agbéko el 8 de abril en Tsévié.
La resistencia se vuelve digital
En las redes sociales, algunos jóvenes están tratando de desafiar la prohibición al oponerse a la situación. No son activistas políticos ni profesionales, les mueve el deseo de ver un cambio en su país. Un joven llamado Brice afirma:
La situation de mon pays me fait mal. Je n’ai pas besoin d’être affilié à un parti politique ou militant quelconque pour constater la mauvaise gouvernance dans le pays. J’ai participé à plusieurs manifestations et parce que, comme tout togolais, je ne suis pas épargné par les conséquences de la vie chère.
La situación en mi país me entristece. No tengo que pertenecer a ningún partido político ni a ningún grupo activista para darme cuenta de la mala gestión del país. He participado en varias manifestaciones porque, como cualquier togolés, tampoco yo me he librado de las consecuencias del alto costo de la vida.
A principios de septiembre de 2026, la resistencia civil se materializó en un llamado a la acción contra el alza de los precios del combustible, que emitió un periodista que dio la voz de alarma desde el exilio a través de las redes sociales, y artistas que anunciaron protestas pacíficas previstas para octubre.
El 12 de septiembre de 2026, cuatro grupos de la oposición togolesa, Dinámica Monseñor Kpodzro (DMK-Originale), Dinámica para la Mayoría del Pueblo (DMP), Luz para el Desarrollo en la Paz (LDP) y el Frente «No toques mi Constitución», emitieron un comunicado conjunto en el que se oponían al último aumento del precio por litro de la gasolina sin plomo de alta calidad. Los precios de la gasolina subieron más de 20% en cuatro meses en Togo, alcanzaron los 817 francos CFA (1,44 dólares) en septiembre de 2026, mientras que el salario promedio mensual ronda los 100,000 francos CFA (176 dólares). El comunicado insta a la ciudadanía a prepararse para una «movilización general pacífica».
Once días antes, el 1 de septiembre, un tipo de protesta totalmente diferente acaparó las redes sociales: el periodista de investigación Ferdinand Ayité retransmitió en directo por Facebook para revelar que, una vez más, estaba recibiendo amenazas de muerte, a pesar de encontrarse exiliado en Francia.
El caso de Ayité revela otro fenómeno. Es cierto que la represión ha cambiado el panorama de las protestas en Togo y ha obligado a algunos activistas a abandonar el país, pero no los ha silenciado. Ferdinand Ayité se vio obligado a exiliarse en 2023 tras enfrentar una pena de prisión por un informe sobre corrupción, y sigue influyendo en el debate público togolés desde Francia. A principios de septiembre de 2026, una coalición de partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil le expresó su apoyo y lo extendió a otros activistas en el exilio, como el bloguero Zaga Bambo, que también presenta retransmisiones en directo y mesas redondas desde el extranjero.
Ferdinand Ayité en una retransmisión en directo de Facebook. Captura de pantalla de Facebook. Uso legítimo.
¿Qué fue de las protestas un año después?
Un año después de las protestas de junio, ya no son solo los raperos y los jóvenes urbanos más comprometidos quienes impulsan el movimiento. Una amplia coalición de partidos políticos, artistas y figuras públicas en el exilio se ha sumado a la causa y sigue alzando la voz desde el extranjero.
El 10 de septiembre de 2026, la Federación de Música de Togo anunció una serie de protestas pacíficas para octubre con el fin de exigir la puesta en marcha del Fondo Nacional para la Promoción Cultural y la dimisión de Isaac Tchiakpé, ministro de Cultura. La iniciativa no se presenta como un movimiento contrarrevolucionario; sin embargo, movilizar públicamente a todo un colectivo profesional, aunque sea por una cuestión específica del sector, sigue siendo un acto político en sí mismo, en el contexto actual de Togo.
Queda por ver cómo esta combinación de movilizaciones presenciales y en línea podría influir e incidir en el Gobierno. Pero, a juzgar por las reacciones de los activistas, una cosa está clara: el pueblo de Togo no se quedará callado.
