Cuando el Estado identifica una zona, también debe preguntarse: «¿qué más se sabe sobre esa zona?»
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, y su histórico faro. Foto de Dan Lunberg en Flickr (CC BY 2.0).
El proyecto de ley de operaciones especiales de 2026 de Trinidad y Tobago es, ante todo, una respuesta a la delincuencia y la inseguridad. Establece siete distritos policiales en los que se podría llevar a cabo operaciones especiales, con la posibilidad de que la Fuerza de Defensa brinde asistencia militar a la Policía. Este proyecto de ley también contempla zonas perimetradas, toques de queda, cordones policiales, registros, requisitos de notificación y formación en zonas que incluyen derechos humanos, uso de la fuerza y participación ciudadana.
Gran parte del debate público con respecto a estas medidas gira en torno al poder de la autoridad y las libertades civiles. Hay otro aspecto a tenerse en cuenta desde la perspectiva del desarrollo: la medida plantea una forma particular de organizar la geografía de seguridad del país, y esa parte del proyecto de ley merece más atención. El uso de grandes zonas administrativas para organizar servicios públicos es una práctica común; la cuestión es que un distrito policial no equivale necesariamente a una comunidad, una economía local o una zona de desarrollo. Esta distinción cobra importancia cuando el Estado emplea la misma división territorial para identificar dónde se concentran algunos problemas de seguridad.
Mapa de seguridad frente a mapa de desarrollo
Zonas como la de San Juan/Laventille, en el centro-norte de Trinidad, albergan comunidades con historias y circunstancias muy diversas. Esto también ocurre en Couva-Tabaquite-Talparo (en el centro) y Penal-Debe (al sur de Trinidad). Un distrito puede resultar conveniente administrativamente y, al mismo tiempo, presentar notables disparidades en materia de ingresos, empleo, infraestructura, acceso a servicios y la relación entre habitantes e instituciones públicas.
Para las políticas de desarrollo, estas diferencias no son una coincidencia; constituyen el punto de partida para comprender por qué una intervención funciona en una comunidad y, en cambio, tiene efectos limitados en otra. Hasta cierto punto, el actual proyecto de ley reconoce que las circunstancias locales importan. Una zona perimetrada solo podrá declararse cuando el presidente lo considere acreditado, con motivos fundados, que la seguridad y la paz públicas están amenazadas por circunstancias que incluyan el aumento de delitos violentos, la proliferación de armas de fuego ilegales o el control y la coacción de bandas sobre una comunidad local. La declaración deberá exponer los motivos de la medida y presentarse ante la Cámara de Representantes. Sin embargo, una vez que el Estado identifica una zona, también debe preguntarse: «¿qué más se sabe sobre esa zona?».
Los datos sobre delincuencia pueden informarnos sobre la incidencia de la violencia y los patrones de la actividad criminal, pero no explican necesariamente por qué dos comunidades que enfrentan niveles aparentemente similares de violencia responden de forma diferente a una misma intervención. Esto requiere otro tipo de información, y es un rubro en la que las políticas de desarrollo pueden aportar algo al debate sobre la seguridad.
La guía de 2024 del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la vigilancia policial en puntos conflictivos en Latinoamérica y el Caribe establece un punto parecido desde la perspectiva policial. Describe esta estrategia como un planteamiento que se fundamenta en evidencia para concentrar la actividad policial donde se concentra la delincuencia, pero también destaca especialmente la evaluación, la posibilidad de un efecto de desplazamiento y la necesidad de complementar la labor policial con otros planteamientos si se quiere mantener a reducción de la criminalidad en el tiempo.
Para Trinidad y Tobago, identificar un punto conflictivo de seguridad solo es parte de comprender un lugar. La misma ubicación puede ser también un núcleo de empleo, tener infraestructuras deficientes, organizaciones locales potentes o vulnerabilidad juvenil. Es posible que estas características no queden reflejadas en una única base de datos, lo que resalta la necesidad de optimizar el uso de la información territorial que surge cuando el Estado centra su atención en lugares concretos.
Lecciones de la región
Las Zonas de Operaciones Especiales de Jamaica ofrecen una comparación regional muy pertinente. Cuando se aprobó esta legislación en 2017, combinó medidas de seguridad con un marco de intervención social preexistente. Se encomendó a la Comisión de Intervención Social asignada a cada zona la responsabilidad que evaluara la infraestructura física, las condiciones sanitarias, la vivienda y los equipamientos sociales, y que elaborara un plan de desarrollo sostenible que abarcara salud, ambiente, mejora social, educación y desarrollo económico. El planteamiento está actualmente en un punto especialmente interesante.
En junio de 2026, el Gobierno de Jamaica anunció una evaluación completa de sus siete zonas de operaciones especiales, complementada con una investigación destinada a analizar sus costos y beneficios financieros, su valor social, sus consecuencias imprevistas y sus efectos sociales y medioambientales a largo plazo. El estudio también busca servir de base para una posible transición desde las zonas de operaciones especiales de paz y oportunidades.
Este proceso ofrece muchas lecciones útiles para Trinidad y Tobago, sin obviar las dificultades que conlleva. Una intervención en materia de seguridad podría recabar suficiente información sobre un lugar sin que eso suponga comprender completamente por qué persiste la inseguridad. Para lograrlo, se necesitan instituciones capaces de integrar distintas disciplinas de conocimiento y realizar un seguimiento continuo de lo que ocurre tras dicha intervención.
Brasil tiene otra perspectiva. Las Unidades de Policía Pacificadora de Río de Janeiro, implantadas en 2008, tenían como fin establecer un presencia más permanente del Estado en aquellas comunidades dominadas por grupos delictivos organizados. Un estudio del Banco Mundial sobre este planteamiento sobre esta perspectiva no se ciñó a la delincuencia y la acción policial, sino a analizar las transformaciones en la vida comunitaria, la relación entre vecinos y el Estado, las oportunidades económicas y las experiencias de sus habitantes. Esta iniciativa dio lugar a experiencias muy diversas según la comunidad y, con el tiempo, acabó enfrentando graves de problemas de sostenibilidad que demostraban por qué la relación a largo plazo entre la seguridad, las instituciones públicas y las comunidades deben planificarse desde el primer momento.
Colombia, por su parte, optó por abordar ese mismo problema mediante sus Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 170 municipios más afectados por la pobreza, la violencia, las economías ilícitas y una escasa presencia institucional. Estos programas son instrumentos de planificación y gestión a 15 años, creados para estabilizar y transformar estas zonas.
El modelo PDET, como no constituye propiamente una intervención de seguridad, no puede compararse directamente con las operaciones especiales. Su relevancia radica en cómo trata al territorio como una unidad importante de la planificación del desarrollo: la idea fundamental es que los lugares afectados por el conflicto y una débil presencia del Estado pueden requerir una atención constante sobre la propia zona, en contraposición a la aplicación de programas individuales que ejecutan distintos organismos aisladamente. Esta distinción resulta útil cuando se observa la ley propuesta por Trinidad y Tobago, cuya principal preocupación es la respuesta en materia de seguridad.
Un proyecto de ley anterior, rechazado por el Senado de Trinidad y Tobago en enero de 2026, fue más explícito al vincular las intervenciones de seguridad con el desarrollo de la comunidad. Se propuso un Comité de Transformación Social que evaluara las condiciones de una zona, identificara amenazas al desarrollo sostenible, desarrollara un plan de desarrollo sostenible y recomendara intervenciones sociales.
Esto no quiere decir que la Policía deba convertirse en una agencia de desarrollo, sino más bien que las instituciones públicas analizan las mismas comunidades desde perspectivas diferentes. La Policía puede conocer una comunidad a través de los incidentes, los servicios de información y las llamadas de emergencia; el Ministerio de Educación puede conocerla mediante la asistencia y el rendimiento escolar. Por su parte, las autoridades de salud pueden disponer de información sobre el acceso a los servicios; el Gobierno local puede conocer sus deficiencias en materia de infraestructuras y las organizaciones comunitarias pueden tener un conocimiento más detallado sobre los jóvenes que son vulnerables al reclutamiento por parte de las bandas. Integrar todas estas fuentes de conocimiento no haría que la delincuencia desapareciera, pero sí ofrecería una mejor comprensión de por qué algunas zonas requieren intervenciones repetidas mientras que otras avanzan en otra dirección.
El debate regional también avanza en esta dirección. El documento de diagnóstico de la CARICOM y el PNUD, publicado en mayo de 2026, examina la delincuencia y la violencia junto con la gobernanza, la desigualdad, la vulnerabilidad de la juventud y otras presiones de desarrollo. En lugar de tratar la violencia como un problema que competa solamente a la seguridad, sitúa estos temas en un marco más amplio de prevención y seguridad humana.
¿Qué puede aprender Trinidad y Tobago?
Existe un conjunto cada vez mayor de experiencias en el Caribe y Latinoamérica sobre perspectivas territoriales respecto a la violencia, la acción policial, las instituciones públicas y el desarrollo, lo que incluye las repercusiones más amplias que los estados de excepción y las medidas de seguridad extraordinarias tienen sobre el desarrollo de la región.
Más allá de volver a incidir en cómo influyen las medidas de emergencia en la vida económica y social, vale más la pena observar cómo el Estado define las zonas en las que desea concentrar su respuesta en materia de seguridad, y si esos lugares pueden convertirse en unidades para optimizar las políticas públicas y el aprendizaje. Esto puede adquirir especial relevancia, pues la legislación contiene una cláusula de caducidad de dos años. Por ende, el país debería poder hacer un balance que vaya más allá de la cantidad de operaciones efectuadas, de los arrestos realizados o de las armas incautadas; debería tener una idea más clara de lo ocurrido en esas comunidades y qué cambios se han sostenido en el tiempo.
En este sentido, la evaluación que está haciendo Jamaica resulta muy instructiva. Tras casi nueve años desde la creación de su primera zona de operación especial, el país se pregunta qué ha funcionado y qué no, qué costos han supuesto las intervenciones y cuáles han sido los efectos sociales y ambientales a largo plazo. Esto no significa que cada operación especial deba transformarse en un programa social, ni que la inversión en desarrollo sustituya a la presencia policial en aquellos sitios de mayor actividad criminal; sin embargo, la geografía de un problema de seguridad puede ser un gran punto de partida para comprender un problema de desarrollo.
Una comunidad es mucho más que el cómputo global de los incidentes registrados en esa comunidad. Tiene escuelas, comercios, familias e instituciones públicas que determinan cómo sus ciudadanos viven la inseguridad y la intervención del Gobierno. Los siete distritos policiales propuestos en Trinidad y Tobago pueden brindar un marco administrativo para la respuesta de seguridad, pero no representan fielmente las comunidades que los integran.
Esta distinción importa. Jamaica ha dedicado casi diez años en juntar las intervenciones de seguridad territorial con la transformación social y ahora están evaluando los resultados. Colombia apostó por una planificación territorial a largo plazo en los municipios más afectados por la violencia, la pobreza y la falta de presencia institucional. Las experiencias de pacificación de Brasil en Río demuestran las dificultades derivadas de mantener una nueva presencia del Estado cuando los cambios institucionales y sociales más amplios no se desarrollan al mismo ritmo.
Trinidad y Tobago no tiene por qué adoptar ninguno de estos planteamientos en su totalidad, pero si algunas zonas recibirán atención sostenida por sus condiciones de seguridad, podrían convertirse en lugares en los que el Gobierno desarrollara una comprensión más clara de las condiciones locales asociadas con la inseguridad, las instituciones que ya operan allí y las intervenciones que realmente marcan la diferencia. Esto haría que el proceso fuera más allá de delimitar las zonas donde pueden efectuarse las operaciones especiales: nos ayudaría a comprender las complejidades intrínsecas de los territorios dentro de esos límites.
