El sistema de reconocimiento facial en Georgia se compra en Moscú.
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Foto de Sheldon Kennedy en Unsplash
Este artículo se publicó originalmente en Algorith Wathc el 27 de junio de 2026. Global Voices reproduce una versión editada bajo una licencia Internacional de Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). También es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre de 2026, “Protesta en democracia”. Puedes apoyar esta serie con una donación.
Los últimos dos años, el Gobierno georgiano ha construido un sistema integral de control mediante reconocimiento facial, adquirido a una empresa radicada en Moscú vinculada al Servicio de Seguridad Federal (FSB), y su impacto en los manifestantes es preocupante.
A mediados de marzo de 2025, Nino, georgiana de cerca de 40 años, recibió una llamada del juzgado municipal de Tiflis, para citarla a una audiencia por bloquear una ruta en la capital georgiana dos meses y medio atrás. La llamada la sorprendió. Nino había protestado contra el supuesto fraude en las últimas elecciones así como la suspensión de los debates de integración a la Unión Europea. Sabía desde hacía tiempo que el sitio de la manifestación que rodeaba al Parlamento georgiano estaba cubierto de cámaras de vigilancia, pero no había considerado que fueran lo suficientemente efectivas para identificarla.
En la audiencia, Nino vio una filmación de ella en la manifestación; fue acusada de iniciar el bloqueo de la ruta. El sistema la había identificado con un software de reconocimiento facial y la procesó como una manifestante que incumplía la ley; la multa asignada llegaba a los 5000 laris (alrededor de 1620 euros o 1878 dólares). Cinco meses después, las cuentas bancarias de Nino fueron congeladas. Se vio obligada a organizar una campaña de financiación colectiva para pagar la multa.
Como muchos otros en Tiflis, Nino no podía permitirse el riesgo de recibir más multas y dejó de manifestar. Su caso resonó con muchos otros georgianos que, desde 2025, dejaron de participar en protestas contra el partido gobernante, Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, y dirigido tras bastidores por su fundador, Bidzina Ivanishvili, multimillonario cuya fortuna fue construida en la Rusia posoviética.
Los últimos mecanismos de vigilancia, que incluyen software de reconocimiento facial y una amplia red de cámaras con inteligencia artificial, ayudan a las autoridades a lograr lo que la fuerza física no había podido: romper el movimiento de manifestantes.
De candidatura a la Unión Europea a represión autoritaria
En 2023, a Georgia se le concedió estado de candidato para la Unión Europea, hito que para muchos ciudadanos significó más que una formalidad diplomática. Luego de las elecciones parlamentarias presuntamente fraudulentas del 26 de octubre de 2024, muchos georgianos salieron a las calles y protestaron durante 580 días consecutivos. El Parlamento europeo pidió una nueva votación.
En respuesta, el primer ministro, Irakli Kobakhidze, anunció que su gobierno suspendería el proceso de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Esta interrupción se consideró ampliamente anticonstitucional, dado que la Constitución georgiana establece que todos los organismos públicos deben facilitar la adhesión, que el 86% de los georgianos apoyan.
Los manifestantes han sido despojados de sus derechos de manera progresiva. En 2023, no se requería autorización para una reunión y la libertad de expresión estaba garantizada; para 2026, se considera que cubrirse la cara como una ofensa administrativa, y la penalidad por bloquear una ruta subió de 500 laris (165 euros o 192 dólares) a 5000 laris (1654 euros o 1920 dólares).
En 2025, ambos actos se convirtieron en delitos, y hasta las asambleas necesitaban registro estatal. Para 2026, llamar ilegítimo al Gobierno o criticarlo en línea con términos que se consideren ofensivos también se convirtió en un acto criminal, lo que generó que Transparencia Internacional concluyera que, «en la práctica las leyes enmendadas de Sueño Georgiano habían abolido la libertad de reunión garantizada por la Constitución de Georgia».
Reconocimiento facial: base tecnológica de la represión
Para diciembre de 2024, las protestas se habían extendido a docenas de ciudades en Georgia, y muchos medios locales las describían como las manifestaciones más grandes desde la independencia del país en 1990.
El Gobierno respondió con fuerza, y la Policía utilizó cañones de agua y balas de goma sobre los manifestantes. Se documentaron golpizas: la Defensoría Pública registró 282 casos de abuso físico, y al menos 486 personas fueron detenidas solo en noviembre y diciembre de 2024. Aún así, las multitudes siguieron protestando, pasaron Navidad y Año Nuevo en las calles. Surgieron manifestaciones temáticas lideradas por maestros, músicos, atletas y médicos, y se extendieron a 37 de las 55 ciudades de Georgia y a más de 40 ciudades extranjeras.
Entonces, una vez que las autoridades pudieron identificar manifestantes de manera precisa, las multas comenzaron a llegar. Para marzo de 2025, se habían impuesto al menos dos millones de laris (alrededor de 640,000 euros o 767,893 dólares) en multas a los manifestantes. Al principio, nadie sabía cómo podían haberlos identificado tan fácilmente. Sin embargo, la respuesta había estado ahí desde hace años.
Bajo el ala de las máquinas de vigilancia rusas
La infraestructura de vigilancia de Georgia se llama Polyface; su Ministerio de Asuntos Internos compra el sistema de reconocimiento facial de Papillon AO, compañía radicada en Moscú sancionada por varios países. Sus productos los utilizan en su mayoría fuerzas de seguridad rusas y autocracias cercanas a Rusia, como Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán y Bielorrusia.
Rusia, que ahora provee tecnología de vigilancia a Georgia, invadió el país en agosto de 2008 en una guerra de cinco días, luego de la cual reconoció —a diferencia de la comunidad internacional— a las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia como Estados independientes. Las tropas rusas continúan allí desde entonces. Casi dos décadas después, Moscú todavía controla alrededor del 20% del territorio georgiano.
Según una actualización del contrato de 2018, personal ruso habría capacitado directamente a funcionarios ministeriales. Según la ley rusa, como cualquier otra compañía rusa que opera en Georgia, Paillon AO está obligada a cooperar con los servicios de seguridad rusos si se le obliga.
Mientras tanto, los documentos obtenidos muestran que el Ministerio de Asuntos Internos de Georgia ha estado expandiendo sus capacidades de reconocimiento facial. Muchos manifestantes entrevistados para este artículo se vieron en la grabación por primera vez durante las audiencias y admitieron sentirse sorprendidos por la precisión de la captura del sistema.
La manifestante Elene relató que su amigo Levani «estaba apenas al borde del fotograma, pero la cámara se acercó al punto en el que cada expresión y sonrisa era visible. Era inimaginable».
A través de los lentes del sistema
Polyface 3.7.0, la última actualización adquirida por el Ministerio de Asuntos Internos, fue entregada a principios de junio de 2025. Polyface está construida sobre un algoritmo de reconocimiento con aprendizaje profundo elaborado por 3DiVi, compañía rusa de IA con sede en Novosibirk y respaldada por un fondo de capital riesgo estatal ruso. Registra imágenes de alta definición de grandes multitudes, incluso con poca luz, y puede identificar rostros con máscaras o parcialmente ocultos.
La documentación de la licitación muestra que el ministerio pidió explícitamente licencias para un número ilimitado de operadores; el cambio sugiere un aumento en la demanda dentro del ministerio para dar seguimiento a grandes protestas.
Para emparejar rostros con identidades, el sistema utiliza el Banco de Información Unificada, que da acceso a fotografías del Registro Civil. El software también puede hacer búsqueda sobre imágenes precargadas de redes sociales y otras fuentes externas, función que el ministerio pidió en 2024, e indicó que el uso previsto era vigilancia multiplataforma.
Esta investigación ha identificado tres maneras en las que se puede usar el software. La identificación automática le permite a Polyface visualizar las imágenes en directo de una cámara, selecciona cada rostro identificable entre la multitud, y captura una imagen que puede identificar una persona. Luego pasa al siguiente rostro. El proceso continúa de forma ininterrumpida, sin participación humana.
En cambio, las búsquedas dirigidas por un operador le permiten a un miembro del personal tener control manual de una cámara, apuntarla a una persona específica, acercarse y comparar la imagen del rostro en una base de datos en tiempo real. Por último, las alertas de la lista de seguimiento funcionan por medio de cargar en el sistema una lista de personas de interés (por ejemplo, activistas, organizadores de manifestaciones, manifestantes que hayan sido multados, etc.) en el sistema. Cuando una cámara localiza a alguien de la lista, Polyface lo marca.
Incertidumbre como presión propia
Al comienzo, los activistas organizaron fondos: las personas donaban dinero, los fondos pagaban las multas y las protestas podían continuar. «Al principio», dice Elene, «que te multaran se sentía como un reconocimiento, juntaban fondos para ti, había solidaridad». Luego, el Gobierno secuestró las cuentas de los fondos y dejó a los manifestantes a su suerte.
Dado que las multas llegarían semanas o meses después, los manifestantes comprendieron que participar en una protesta no era un acto que realizabas una vez, se había convertido en un registro de datos consultable.
«El software no solo identifica a alguien, puede reconstruir la historia completa de la protesta: cuándo llega una persona, cuánto tiempo permaneció, cuántas veces volvió», explica Giorgi Lubaretsi, experto en ciberseguridad georgiano. «Una vez que alguien es identificado en una protesta, el sistema puede localizarlo en cualquier otro evento registrado».
El efecto disuasorio cobra fuerza
Los manifestantes describen que dejaron de hacer cantos, usar silbatos, llevar carteles, tomar fotos o incluso llevar ropa distintiva por miedo a la identificación. «Me volví paranoica», recuerda Tamuna, estudiante de 22 años y manifestante frecuente. «Empecé a cubrirme la cara en el momento que salía de mi casa, y llevaba ropa neutra, pero aún sentía que podían identificarme».
Las máscaras faciales que usan los manifestantes para protegerse provocó que la protesta se sintiera irreconocible. «Cuando todos empezaron a usar máscaras», dice Nino, «comencé a sentir ansiedad en Rustaveli. No puedes ver rostros, pierdes el contacto, no puedes reconocer a nadie. Es muy estresante».
El efecto disuasorio redujo la escala de las protestas y la voluntad de la gente de participar. «La escala cambió enormemente», confirma Nino. «Cuando los fondos quedaron congelados y ya no había esperanza de ayuda, muchísimas menos personas salieron a las calles».
Para Tamuna, el miedo apareció de manera gradual: «cambié el camino que hacía para las protestas. Empecé a cubrirme el rostro; entonces, también criminalizaron cubrirse el rostro. Quería evitar las multas, tenía que evitarlas. El miedo es una de las principales razones por las que ya no participo».
La distancia moral entre quienes aún se arriesgan a asistir a las protestas y quienes ya no pueden permitírselo está aumentando. El enólogo Luka todavía participa con frecuencia y se molesta con personas como Nino que ya no participa. «Honestamente, me sorprenden las personas que dejaron de participar por las multas. Si no hubieran estado tan asustados cuando las máscaras estaban permitidas [para evitar las cámaras], pararse sobre el pavimento estaba permitido y había mil formas de escapar, tendríamos más fuerza ahora».
La fachada democrática
Los sistemas de reconocimiento facial no son exclusivos de los Estados autoritarios; lo que cambia es la voluntad política.
Eto Buziashvili, investigador en el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Consejo Atlántico en Washington, Estados Unidos, explica: «Papillon Systems es una parte fundamental de la infraestructura de seguridad rusa. Integrar este tipo de tecnología biométrica a la infraestructura nacional representa un riesgo sustancial a la seguridad nacional de Georgia. Los ataques a la integridad podrían involucrar software programado para ‘ignorar’ a personas en particular, por ejemplo, para ignorar agentes de inteligencia extranjeros de un país hostil, mientras que crea un mapa detallado de la estructura de poder dentro del país anfitrión».
Buziashvili recuerda la invasión rusa de Georgia en 2008, cuando el tráfico de internet de Georgia fue redirigido a través de servidores rusos y se utilizó como la principal táctica para aislar al Gobierno georgiano. «Cuando un adversario tiene acceso a archivos de reconocimiento facial, puede utilizar la base de datos para elaborar perfiles de inteligencia. Hay un precedente trágico: durante la toma de poder del Talibán en Afganistán, heredaron el sistema biométrico construido por los estadounidenses y los utilizaron para identificar y atacar a los afganos que habían trabajado con Estados Unidos».
Pararse en el pavimento sin un registro estatal es un delito, punible con cárcel. El costo de participar en una protesta en Georgia es la libertad. Lo que está en juego es la pregunta más básica de Georgia luego de la era posoviética: ¿qué camino quiere tomar el país? Lo que las cámaras registran, a fin de cuentas, no son disturbios. Es el derecho constitucional a exigir que Georgia mantenga el futuro europeo que sus ciudadanos votaron.
Quinientos ochenta días después, cientos, quizás miles, aún se reúnen en Rustaveli cada tarde, y cada uno es observado.
