El ente acusador imputó al recién destituido presidente de Paraguay, Santiago Peña, por los cargos de abuso de confianza y administración en beneficio propio tras el colapso de Ueno Bank que dejó a millones de personas sin acceso a su dinero. La Fiscalía también pide prisión preventiva contra el exmandatario y el extitular del Banco Central del país.

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