Los agricultores uigures deben ceder su mano de obra y sus tierras al Estado mientras la industria algodonera china se automatiza
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Captura de pantalla de un vídeo de China Daily publicado en la cuenta de Facebook cuenta de Facebook de «We are China», que detalla la automatización de la producción de algodón en la región de Xinjiang. Uso legítimo.
Esta publicación es parte de la serie especial Spotlight de agosto de 2026 de Global Voices, «Derechos indígenas«. Esta serie ofrece una visión de las vidas y experiencias de los pueblos indígenas con el fin de establecer vínculos entre regiones, destacar las experiencias indígenas y contar historias de líderes, activistas, miembros de la comunidad y otras personas. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
El 1 de julio de 2026, entró en vigencia una nueva normativa en la región uigur de China: el Reglamento de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang para la Promoción de la Calidad del Algodón (新疆维吾尔自治区棉花质量促进条例). Aunque la nueva ley permite rastrear la cadena de suministro del algodón, no trata sobre las pruebas y las denuncias existentes desde hace años sobre el trabajo forzado de recolectar algodón. El sistema coercitivo de transferencia de tierras y mano de obra que sustenta la industria agrícola y algodonera automatizada puede causar un daño irreparable a los uigures y otros pueblos indígenas, como advirtieron los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.
El Gobierno chino describe la norma con un lenguaje ya familiar: «desarrolla con alta calidad», mejora la calidad del algodón, protege los intereses de los productores y estabilidad de cadenas de suministro. Pero el alcance real de la normativa va mucho más allá de las normas técnicas para la fibra de algodón. Crea un marco legal para supervisar toda la cadena de producción, desde el agricultor y la parcela de tierra hasta la planta de procesamiento, el almacén y el punto de venta final.
La ley abarca sembrar, cosechar, comprar, procesar, vender y almacenar. Obliga a productores y empresas a mantener los registros de trazabilidad que identifiquen al productor, la parcela de tierra, la variedad del algodón, la cantidad, la fecha de compra y el procesamiento. Estos registros deben conservarse al menos durante cinco años. Cada bala de algodón debe llevar un código de barras informativo correspondiente a su tipo, categoría, cantidad e historial de procesamiento.
La normativa también otorga a las autoridades un amplio poder de supervisión. Las empresas algodoneras están sujetas a inspecciones, evaluaciones crediticias y a posibles «mecanismos de salida». Los resultados de sus evaluaciones pueden afectar a las ayudas públicas y al acceso a la financiación.
Bajo este sistema, cada bala de algodón no es solo una mercancía; es una unidad de datos conectada a un agricultor, una parcela de tierra, un procesador y una estructura reguladora controlada por el Estado.
Para los agricultores uigures, esto es especialmente significativo. Un informe del grupo de medios estatal Xinhua en 2020, dijo que alrededor de siete millones de personas en la región uigur se dedicaban a la producción de algodón, alrededor del 70% de los cuales eran uigures y miembros de otros pueblos indígenas, según las propias cifras del Gobierno. El informe reconocía que el algodón era una de las principales fuentes de ingresos, especialmente en las zonas del sur, de mayoría uigur.
La nueva regulación hace que este medio de vida sea más visible y controlable. No solo se limita a dar información sobre la calidad del algodón. Permite al Estado y a las empresas participantes seguir el algodón desde un agricultor y un campo específicos a lo largo de cada etapa posterior de la cadena de suministro.
El sistema de tierras de la «separación de tres derechos» detrás de la ley del algodón
La normativa de 2026 se basa en una reestructuración anterior de las tierras rurales.
En 2018, el Gobierno regional publicó una opinión sobre la «separación de tres derechos» (“三权分置”) en tierras rurales: la propiedad colectiva, los derechos de contratación de los hogares y los derechos de gestión.
Bajo ese sistema, la tierra sigue siendo de propiedad colectiva, aunque los hogares conservan formalmente los derechos de contratación. Sin embargo, los derechos de gestión pueden transferirse a cooperativas, empresas y otras «nuevas entidades de explotación agrícola» aprobadas por el Estado.
La política señalaba explícitamente como un problema la baja tasa de transferencia de tierras en las zonas uigures del sur, por entonces inferior al 15% de las tierras cultivables. Instaba a promover cooperativas de tierras compartidas, acuerdos de administración fiduciaria, cultivos gestionados y otras formas de agricultura a gran escala. Además, también ordenaba a las autoridades examinar si los operadores entrantes se ajustaban a los planes locales, al alivio de la pobreza, y si podrían absorber la mano de obra local.
Este acuerdo mantiene a los agricultores vinculados formalmente a la tierra, al tiempo que transfiere el control práctico sobre el cultivo, la maquinaria, los insumos, los procesamiento y la comercialización hacia las cooperativas y las empresas. La misma política exige que se establezcan organizaciones del Partido Comunista dentro de las entidades agrícolas que reciben y administran las tierras transferidas.
El lenguaje oficial describe esto como una «reforma». En la práctica, reestructura la vida rural al alejar a los agricultores uigures del cultivo independiente y trasladarlos hacia organizaciones sujetas a la gestión corporativa y a la supervisión del Partido.
Algodón, transferencia de tierras y fanghuiju
La relación entre algodón, transferencia de tierras y control político es explícita en los informes oficiales.
Un informe de 2018 del medio estatal China Science Daily detalló un proyecto algodonero en la Compañía de Regimiento 51, tercera división del Cuerpo de Producción y Construcción de Sinkiang. El informe señalaba que más del 95% de los lugareños pertenecían a comunidades uigures y a otros pueblos indígenas. El proyecto se coordinaba con el programa Visitar al pueblo, beneficiar al pueblo y ganarse el corazón del pueblo (访民情、惠民生、聚民心) conocido en chino como fanghuiju (访惠聚).
El proyecto vinculaba a institutos de investigación, empresas tecnológicas, cooperativas y agricultores dentro de una misma estructura de producción. Según el informe, las tierras transferidas al proyecto se pagaron a 650 yuanes chinos por mu (aproximadamente 96.7 dólares por 666.67 metros cuadrados). Se les comunicó a los agricultores que, después de transferir sus tierras, podrían obtener ingresos adicionales si trabajan en esas mismas tierras.
El proyecto aportó semillas estandarizadas, mecanización, gestión de riego, protección aérea de los cultivos y servicios de datos bajo la dirección de los institutos de investigación, empresas y cooperativas. Los funcionarios dijeron que la gestión mecanizada podría aumentar la zona gestionada por una persona de 30-50 mu a 100-200 mu.
No se trata de un modelo que preserve el control independiente de los agricultores sobre sus propias tierras. Un agricultor transfiere sus tierras a una cadena centrada en las empresas, pierde el control diario sobre el cultivo y puede regresar al mismo campo como un trabajador asalariado.
El Gobierno celebra esta transformación como un logro. Pero la propia cuenta oficial registra un cambio en la posición de los agricultores: de cultivador a receptor de una compensación por transferir tierras y posible trabajador dentro de un sistema industrial dirigido por el Estado.
Transferencia de tierras bajo una campaña de estabilidad
El entorno político en el que se producen estas transferencias es fundamental.
En 2019, una directiva de la Oficina Regional de Reservas de Granos y Materiales ordenaba a los equipos de trabajo de la aldea de Fanghuiju considerar «mantener la estabilidad social» como su tarea principal.
Les ordenó llevar a cabo visitas periódicas a los hogares, implementar medidas de estabilidad, ampliar las transferencias de mano de obra rural e intensificar la transferencia de tierras como una medida específica para aliviar la pobreza.
La misma directiva ordenaba a los cuadros que guiaran a los lugareños a «sentir gratitud hacia el Partido, los escucharan y los siguieran». También pedía reforzar las organizaciones del Partido a nivel de las aldeas.
Este documento oficial conecta directamente la transferencia de tierras con las instrucciones políticas, la presencia a nivel de los hogares, la movilización laboral y el control de la estabilidad. Revela que la transferencia de tierras no se hacía como un acuerdo comercial ordinario entre agricultores y empresas. Era un instrumento dentro de una campaña más amplia para remodelar la sociedad rural uigur.
Estos documentos por sí solos no establecen que cada contrato individual de transferencia de tierras se haya firmado bajo coerción física directa. Pero sí establecen algo fundamental: se pidió a los granjeros que tomaran decisiones supuestamente «voluntarias» dentro de un sistema que vinculaba tierra, empleo, políticas contra la pobreza, vigilancia, educación política y estabilidad social.
Bajo tales condiciones, las afirmaciones oficiales de voluntariedad no son creíbles por sí mismas.
Trazabilidad sin asumir responsabilidades
La industria algodonera china ha acelerado rápidamente su proceso de mecanización. Un informe de 2025 de Xinhua afirmaba que el sistema de siembra, cultivo y recolección de algodón de la región había alcanzado una tasa global de mecanización integral del 97%, pero eso no es una prueba de la libertad económica de los agricultores. Muestra la escala en la que se ha construido un sistema de producción estandarizado y altamente centralizado.
La mecanización reduce la necesidad de mano de obra en las granjas mientras que las políticas de transferencia de tierras canalizan los derechos de gestión hacia cooperativas y empresas. Los equipos de Fanghuiju promueven simultáneamente la transferencia de mano de obra, la conformidad política y el control a nivel de las aldeas.
Como señalaron los expertos en derechos humanos en un informe de Naciones Unidas de enero de 2026, criticaron el programa chino de «alivio de la pobreza mediante la transferencia de mano de obra», y dijo que obligaba a uigures, tibetanos y otros pueblos indígenas a aceptar empleos de la región uigur y en otros lugares.
La nueva normativa sobre la calidad del algodón completa esta estructura al hacer que la cadena de suministro del algodón sea rastreable, inspeccionable y gobernable a través de los datos.
Esto tiene relevancia a nivel internacional. El algodón es uno de los sectores específicamente priorizados bajo la ley de prevención de trabajo forzado uigur de Estados Unidos, que establece la presunción de que está prohibido importar productos fabricados total o parcialmente en la región uigur, a menos que los importadores puedan cumplir con un alto parámetro probatorio.
El nuevo sistema chino de trazabilidad y códigos de barra no debe confundirse con asumir responsabilidades. Un código de barras puede revelar de dónde proviene una bala de algodón, pero no puede establecer si el agricultor que lo produjo tiene libertad real para conservar sus tierras, rechazar una transferencia, elegir su trabajo o resistirse al sistema político que gobierna su aldea.
Para los agricultores uigures, la cuestión central no es la calidad de una bala de algodón, es quién controla la tierra, quién dirige la mano de obra, quién tiene los datos, y si los uigures pueden conservar algo de independencia económica significativa en un sistema que ahora rastrea cada etapa de la cosecha.
