«El pueblo no tiene la seguridad de que se le hará justicia».

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Originalmente publicado en Global Voices en Español

August 4, 2024, Dhaka. People celebrated in jubilation after Sheikh Hasina resigned and left the country. Photo by: Rafi Al Ahnaf (used with permission).

Daca, 4 de agosto de 2024, Dhaka. La gente celebra tras la renuncia de la primera ministra Sheikh Hasina, que salió del país. Foto de Rafi Al Ahnaf, usada con autorización.

Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en democracia«. Esta serie busca explorar las distintas formas de protestas, las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.

La violencia de turba está en aumento en Bangladesh. Según Irene Khan, relatora especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, la impunidad desenfrenada contribuye con esa tendencia. Ain o Salish Kendra (ASK), organización de ayuda legal y derechos humanos de Daca, informó en su edición mensual de Estadísticas de Violaciones de Derechos Humanos que al menos 154 personas murieron por golpes de turba en todo Bangladesh entre enero y agosto de August 2026. ASK recopiló la cifra de diarios nacionales, medios en línea y su propia documentación.

En Pabna, Bangladesh, Kamrunnahar Koli de 10 años desapareció de su aldea el 9 de septiembre de 2026. Su cuerpo fue recuperado de una laguna cerca de su casa siete días después. La Policía identificó a dos sospechosos, los arrestó el 17 de septiembre y los envió a la cárcel.

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Al día siguiente, cientos de personas se reunieron en el exterior dela casa de uno de los acusados y vandalizaron la propiedad mientras la Policía estaba presente.

Md Torikul Islam, policía a cargo de la estación de Pabna Sadar, dijo a The Daily Star que los policías trataron de controlar a la multitud, pero la “pequeña fuerza no pudo detener a una multitud tan grande». La Policía retiró a los familiares del sospechoso y aseguró los artículos valiosos, pero dijo que “no pudieron evitar la destrucción estructural”.

Un patrón más amplio

El ataque se dio en medio de un patrón más amplio documentado por grupos de derechos. En su resumen del gobierno interino que asumió el mando después del levantamiento de 2024 en Bangladesh, Transparencia Internacional Bangladesh informó sobre una creciente tendencia en que la gente toma la justica en su mano y de una creciente tendencia de formar turbas para presionar por las demandas. Dijo que en algunos casos se cumplieron con esas demandas. Transparencia Internacional Bangladesh también señaló apatía policial, renuencia a cumplir con las obligaciones y preguntas sobre la capacidad de la aplicación de las leyes.

El patrón continuó después de que el Partido Nacionalista de Bangladesh asumió el gobierno tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2026. En su evaluación de los cien primeros días en el Gobierno, Transparencia Internacional Bangladesh informó que 69 de 80 incidentes de violencia de turba a nivel nacional en marzo y abril, con el resultado de entre 31 y 42 muertes.

Para el periodista bangladesí Rifat Alam Risan, la velocidad con la que una multitud puede ponerse en contra de una persona se volvió una experiencia personal.

En diciembre de 2025, Risan fue al Hospital Universitario de Daca a recopilar material después de que al activista político y entonces candidata parlamentario independiente Sharif Osman Bin Hadi le dispararon en Daca. Las noticias también documentaron un ataque contra Risan mientras reunía noticias.

En diálogo presencial con Global Voices en Daca el 20 de septiembre de 2026, Risan dijo que la situación cambió después de que la multitud lo acusó de estar involucrado en el atentado contra Hadi.

“Alguien dijo ‘le disparó a Hadi, y ahora he vuelto para atacarnos«. La acusación se dispersó entre la multitud, y la gente reunida empezó a atacarme sin juicio ni consideración”, recordó Risan.

“Me obligaron a salir del hospital. En algún punto, me caí en la carretera y también trataron de llevarse mi teléfono. Al final me rescató un compañero reportero de televisión y otros trabajadores de medios que estaban ahí”.

En conversación telefónica con Global Voices del 20 de septiembre de 2026, Jamal Ruhany, también periodista bangladesí, describió un patrón que dijo haber observado en cómo una multitud puede volverse contra una persona.

“Primero, una o dos personas atacan a alguien específico. Cuando uno o dos atacan a esa persona, muchos otros que están cerca se unen”, dijo Ruhany. “Las personas que golpean ni siquiera saben si esa persona realmente es culpable, y el atacado podría no saber de qué se le acusa. Alguien dice simplemente ‘golpéenlo’, y ocurre».

August 2, 2024. Manik Mia avenue, Dhaka. Earlier, police had attacked protesters. In response, enraged protesters set fires on the streets. Photo by Rafi Al Ahnaf. Used with permission.

El 2 de agosto de 2024. Avenida Manik Mia, Daca. Antes, la Policía había atacado a los manifestantes. En respuesta, los manifestantes rabiosas incendiaron las calles. Foto de Rafi Al Ahnaf, usada con autorización.

Instigaciones en medios sociales

Los medios sociales pueden agregar otra capa a la violencia.

El 11 de abril de 2026, un video antiguo con comentarios supuestamente ofensivos al islam circularon en Facebook antes de un ataque a un santuario sufi en Kushtia, Bangladesh. El medio bengalí Prothom Alo informó que el video de 36 segundos circuló desde tres páginas de Facebook y cuatro cuentas personales. La Policía se enteró de la posibilidad de disturbios a las 09:00 horas y contactó a los líderes locales. Ese mismo día, más de cien personas atacaron el santuario.

A su líder espiritual, Abdur Rahman, también conocido como Shamim al-Jahangir, lo golpearon y lo mataron a machetazos. El santuario fue destrozado y luego lo incendiaron.

Ruhany dice que las turbas no dependen solo de los medios sociales.

“También pasa en el terreno. Cuando hay un movimiento, la gente va a las calles y ahí se forman las turbas”, dijo. “Los medios sociales aún intervienen, particularmente cuando una publicación que ofende a la religión circula en Facebook y crea rabia entre la gente, lo que hace que la situación se vuelva violenta”.

El asesinato posterior también planteó preguntas sobre afiliaciones políticas. El hermano de la víctima presentó una denuncia en la que nombró a cuatro personas, y entre 180 y 200 sospechosos no identificados. Según The Daily Star, los acusados mencionados incluían a un expresidente del distrito de Kushtia del partido Islami Chhatra Shibir que también integra el partido Jamaat-e-Islami de Bangladesh, un activista local de Jamaat y el presidente local de Bangladesh Khelafat Majlis. Los representantes de Jamaat negaron que sus miembros estuvieran involucrados.

Cuatro días después de las muertes, la Policía no había arrestado a ninguno de los cuatro acusados. Sin embargo, al 1 de mayo, arrestaron a cuatro sospechosos en relación con el ataque.

Los casos de Pabna y Kushtia se desarrollaron de otra manera. En Pabna, la Policía ya estaba en la escena pero dijo que los superaban en número. En Kushtia, la Policía supo varias horas antes del ataque de que los disturbios eran posibles. Juntos los casos plantean preguntas sobre prevención y responsabilidad.

Falta de aplicación de justicia

Ruhany vinculó la acción de la multitud en parte con las percepciones del sistema de justicia.

“La gente no tiene la garantía de que tendrá justicia”, dijo. “Se dictan las resoluciones, pero no siempre se aplican. Y el prolongado proceso judicial también contribuye con esto”.

Su observación es una explicación más que evidencia de que todos los que intervienen en violencia de turba actúa por la misma razón. Esos incidentes en Bangladesh han surgido de diferentes circunstancias, incluidas acusaciones criminales, afirmaciones de ofensas religiosas e intentos de presionar por pedidos particulares.

Ruhany también cuestionó preparación de la Policía.

“La Policía ya no tiene la misma moral de antes del 5 de agosto”, dijo. “Y en zonas donde hay violencia de turba, la Policía no siempre está preparada. No vemos que la Policía tenga un estado de preparación constante”.

La dependencia de Bangladesh de la movilización de las calles no empezó con los disturbios de 2024. Manifestaciones, huelgas, bloqueos y marchas han configurado la vida política del país durante décadas, mientras que el archivo de estadísticas de derechos humanos de Ain o Salish Kendra contiene registros de palizas en turba desde hace más de una década.

El levantamiento de julio de 2024 volvió a demostrar el poder de la movilización callejera masiva. Tras semanas de protestas estudiantiles expandieron a un movimiento mayor, y la entonces primera ministra Sheikh Hasina renunció y se fue de Bangladesh en 5 de agosto.

July 11, 2024, Quota Movement, Shahbagh, Dhaka. Photo by Sabbirul Islam. Used with permission.

El 11 de julio de 2024, Movimiento de las Cuotas, Shahbagh, Daca. Foto de Sabbirul Islam, usada con autorización.

Pero la protesta callejera y el castigo de la turba no son lo mismo. La distinción también apareció en la respuesta del Gobierno. El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, dijo en su primer día en el cargo en febrero de 2026 que la acción de la turba no se toleraría, mientras que las reuniones legales, las manifestaciones y otras actividades democráticas podían continuar.

El asunto llegó a los juzgados. El 2 de febrero de 2026, tras una petición de interés público que presentó el grupo Ain o Salish Kendra, la Corte Suprema de Bangladesh pidió al Gobierno explicar por qué su fracaso en evitar y controlar las muertes de la turba y las palizas masivas no debería declararse ilegal. La sala también preguntó por qué no se debería dirigir a las autoridades a tomar medidas legales para evitar esa violencia.

Seis meses después, el Gobierno seguía tratando el problema públicamente. El 27 de agosto en el Parlamento, Ahmed dijo que el Gobierno seguía una política de “tolerancia cero” a la violencia de la turba. Dijo que castigar o atacar físicamente a alguien sin el debido proceso era ilegal y citó medidas que incluyen aumentar el patrullaje, vigilancia de inteligencia, instalación de circuitos cerrados de televisión y seguimiento de medios sociales en zonas consideradas en riesgo.

En Bangladesh, los grupos de derechos siguen registrando muertes, la Corte Suprema ha cuestionado la respuesta del Estado y el Gobierno ha prometido acciones más duras. Si esos compromisos se traducen en evitar ataques y pasar casos de arrestos a procesamiento sigue siendo una pregunta abierta.