Las protestas del Partido Popular Cucaracha suponen una advertencia y un motivo de optimismo democrático
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Estudiantes de toda India protestan contra la filtración del examen de admisión a medicina de 2026 en el observatorio Jantar Mantar, en Nueva Delhi, 20 de julio de 2026, antes de una marcha hacia el Parlamento. Foto de Sumita Roy Dutta vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Por Sahasranshu Dash
Este artículo es parte de la serie Spotlight de septiembre de 2026 de Global Voices, “Protesta en democracia”. Con esta serie, buscamos explorar las diversas formas de protesta, las tácticas que los Estados utilizan para deslegitimarlas y suprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puede apoyar esta cobertura con una donación aquí.
Durante más de tres meses, el Partido Popular Cucaracha, movimiento juvenil que comenzó como una broma en línea, se convirtió en uno de los mayores desafíos para el gobierno del presidente indio Narendra Modi desde el inicio de su tercer mandato en junio de 2024. Lo que comenzó como una queja por la corrupción en el ámbito educativo, como la filtración de las preguntas del examen de admisión a la carrera de medicina, los escándalos de contratación y las deficiencias del sistema educativo indio, se convirtió en una campaña a nivel nacional sobre desempleo, responsabilidades políticas y dignidad de toda una generación.
El movimiento surgió en mayo de 2026, después de que el presidente de la Corte Suprema de India, Surya Kant, comparó a los jóvenes desempleados con cucarachas.
El asesor político Abhijeet Dipke transformó el insulto en un llamado a la acción e invitó a todas las «cucarachas» del país a unirse. La broma se viralizó y el nombre del movimiento, el Partido Popular Cucaracha se inspiró en el partido gobernante, el Partido Popular Indio (BJP), lo que demuestra con qué rapidez un meme de internet puede transformarse en un instrumento de organización política.
La primera gran victoria del Partido Cucaracha se produjo el 25 de julio, cuando el ministro de educación, Dharmendra Pradhan renunció tras 36 días de protesta en el observatorio Jantar Mantar por presuntas irregularidades en los exámenes, y el Gobierno también prometió no tomar medidas punitivas contra los manifestantes. A finales de agosto, el Partido Cucaracha acusó al Gobierno de incumplir sus promesas y anunció una nueva marcha para el 5 de septiembre, en la que exigía retirar todas las denuncias, informes oficiales que suponen el primer paso de una investigación, presentadas contra los participantes. Desde entonces, ese conflicto quedó resuelto.
El 1 de septiembre, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento de todas las denuncias registradas en todo el país por las protestas de julio, después de que el Gobierno y cuatro estados gobernados por el BJP, Bihar, Assam, Bengala Occidental y Maharastra, solicitaron anular más de cien causas en virtud del artículo 142 de la Constitución. El fiscal general, Tushar Mehta, también declaró ante el tribunal que el Gobierno indemnizaría a las familias de los aspirantes al examen de admisión que se suicidaron tras la cancelación del examen. Tras esto, el portavoz del Partido Cucaracha, Saurav Das, canceló la marcha, aunque el Gobierno se reservó el derecho de presentar una nueva denuncia contra cerca de 2900 personas con antecedentes penales que estuvieron presentes en la manifestación.
Este episodio demuestra que el Partido Cucaracha pasó de ser una simple campaña contra las irregularidades de los exámenes a convertirse en un poderoso movimiento político, ahora capaz de obtener concesiones directas del Estado.
La importancia de las protestas de las «cucarachas» radica en la contradicción que revelan sobre la movilización política en la era digital. El Partido Cucaracha demuestra que las redes sociales todavía permiten a los ciudadanos organizarse al margen de los partidos políticos, impulsados por la libertad de expresión, los videos cortos y las redes de voluntarios descentralizadas, y no por la infraestructura partidista. Sin embargo, estas mismas tecnologías dan al Estado medios cada vez más sofisticados para observar y clasificar a los participantes, un modelo emergente en el que la Policía, la inteligencia artificial y la vigilancia digital colaboran para reprimir y controlar la disidencia.
De los lathis a la base de datos
El enfrentamiento más dramático tuvo lugar el 20 de julio, cuando miles de simpatizantes del Partido Cucaracha intentaron marchar desde Jantar Mantar hacia el Parlamento. Fueron dispersados con cañones de agua, gas lacrimógeno, escopetas de perdigones y lathis, bastones de bambú que utiliza la Policía en el sur de Asia. Cientos de personas fueron detenidas y se abrieron expedientes policiales. La Policía de Delhi defendió la operación, alegó que personas con antecedentes penales se habían sumado a la manifestación y que la intervención era necesaria para preservar la seguridad pública. En agosto, la Corte Suprema aceptó revisar las denuncias de que la Policía había ejercido violencia excesiva durante la protesta.
La violencia física era evidente, aunque el acontecimiento de mayor repercusión ocurrió en paralelo. La Policía de Delhi desplegó furgonetas de vigilancia móvil, cámaras de 360 grados y tecnología de reconocimiento facial alrededor del lugar de la protesta. Un sistema llamado Ikshana ponía recuadros alrededor de los rostros en las imágenes de las cámaras y los comparaba con los registros policiales. La Policía de Delhi declaró ante la Corte Suprema que el sistema había identificado a 2873 personas con antecedentes penales. Una investigación posterior realizada por Scroll.in reveló que al menos 25 identificados, incluidos acusados de asesinato y violación, ya estaban en prisión en el momento en que el sistema aseguró haberlos «detectado» en la protesta.
La importancia de esta tecnología radica menos en su eficacia que en la forma en que altera la relación entre el ciudadano y el Estado. El control convencional de multitudes opera en el presente: la Policía puede bloquear, dispersar o detener, y luego investigar a los detenidos. En cambio, la vigilancia digital permite que el Estado reconstruya la participación una vez finalizado el evento, sin necesidad de que las personas investigadas estén presentes. Un rostro capturado puede cotejarse con una base de datos y vincularse con otra información, lo que crea un registro de participación política que perdura más allá de la propia protesta.
Llegó a la Corte Suprema una denuncia que cuestiona el uso del reconocimiento facial y la vigilancia biométrica en las manifestaciones, en la que afirma que los datos se recopilaron sin consentimiento y que fueron almacenados por empresas privadas. El sistema legal de India sigue siendo confuso en este ámbito. En un principio, la Policía de Delhi adquirió esta tecnología para identificar a niños desaparecidos y víctimas de trata, pero después se utilizó para vigilar multitudes en concentraciones políticas. Las herramientas diseñadas con fines específicos de seguridad pública ahora tienen funciones más generales sin que se hayan ampliado en paralelo las garantías legales ni la protección de la privacidad.
La diferencia entre identificar a un sospechoso de un delito violento e identificar a todas las personas que asisten a una manifestación es fundamental. Esto último convierte el ejercicio de la libertad democrática en un motivo para la vigilancia estatal, lo que genera un registro consultable sobre quién decidió participar y genera un efecto intimidatorio que deja sin sentido el derecho a manifestarse.
Cuando la participación ciudadana se convierte en datos
Lo novedoso del autoritarismo digital no son las cámaras ni las bases de datos, que los Gobiernos utilizan desde hace décadas, sino la capacidad de combinarlas con sistemas que identifican y analizan a las personas de forma masiva. Una vez que la participación política se convierte en un dato consultable, resulta más difícil mantener la línea entre perseguir conductas ilícitas y dar seguimiento a la participación democrática. Esto plantea interrogantes sobre qué datos puede recopilar la Policía, con qué propósito, durante cuánto tiempo y bajo qué supervisión.
El debate no es exclusivo de India. Estados Unidos y las democracias de la Unión Europea también han enfrentado polémicas sobre la tecnología de reconocimiento facial y el uso cada vez mayor de la vigilancia basada en inteligencia artificial por parte de las fuerzas del orden.
La respuesta de la Unión Europea ha sido restringir la identificación biométrica en tiempo real en los espacios públicos, mientras que en Estados Unidos creció la preocupación por el uso policial del reconocimiento facial y otras herramientas de vigilancia automatizada. El problema es aún más grave en los países en desarrollo, cuyos Gobiernos adquieren herramientas de vigilancia sofisticadas mientras la supervisión institucional sigue siendo débil. India es un caso relevante en este sentido, no porque sea un país particularmente autoritario, sino porque muestra la rapidez con la que pueden difuminarse los límites entre la labor policial, la vigilancia masiva y el control político.
Sin embargo, describir al partido Cucaracha simplemente como un simple caso de represión digital es quedarse a medias. El movimiento existe porque la tecnología digital también amplió la capacidad de organización de los ciudadanos comunes. En su apogeo, sus seguidores en Instagram superaban los 26 millones, más que los seguidores de los dos partidos principales nacionales de India. Convirtió la atención en línea en una movilización física y, evidentemente, en influencia política, como lo demuestra el cambio de postura del Gobierno respecto a las denuncias.
Esta es la paradoja que subyace en el Partido Cucaracha. La era digital no se limita a fortalecer al Estado a costa de los ciudadanos, ni tampoco democratiza automáticamente la política. Puede hacer ambas cosas a la vez. Las mismas plataformas que permiten a un joven de un pueblo pequeño unirse a una campaña nacional, también facilitan que el Estado observe esa movilización. El Partido Cucaracha ha rechazado convertirse en un partido electoral convencional; en cambio, opera como un movimiento de presión cuya trayectoria, desde el cuestionamiento de reclamos hasta una demanda más amplia de asumir responsabilidades, respondida con una mezcla de concesiones y vigilancia continua, ilustra esta tensión con claridad.
Un problema que va más allá de India
La realidad de India forma parte de un cambio más amplio en la forma en que los Gobiernos ejercen el poder político, a medida que los Gobiernos de todo el mundo adquieren tecnologías capaces de identificar a las personas en los espacios públicos y vincular su comportamiento con bases de datos ya existentes. La cuestión no es si estas tecnologías pueden hacer que las labores policiales sean más eficaces. Pueden hacerlo. La cuestión es si los Estados también pueden aplicar normas que limiten su uso a contextos políticos y eviten que las herramientas de seguridad pública se conviertan en instrumentos de vigilancia política.
Las libertades democráticas no solo dependen de la protección frente a la violencia estatal, sino de que los ciudadanos puedan organizarse sin asumir que su participación queda registrada de forma permanente. La libertad de expresión pierde sentido si participar en una protesta genera de manera automática un registro permanente de actividad política que pueda perjudicar a las personas después. Aunque la disputa es recíproca, la misma infraestructura que ayuda al Estado a vigilar a quienes protestan, también les permite documentar la conducta policial y cuestionar las versiones oficiales, como se vio en las coberturas sobre las lesiones causadas por escopetas de perdigones y en el escrutinio de la Corte Suprema sobre la represión del 20 de julio.
Por lo tanto, las protestas de las «Cucarachas» suponen una advertencia y un motivo de optimismo democrático. Su trayectoria demuestra que los jóvenes ciudadanos de India pueden transformar la cultura en línea en una acción colectiva sostenida y obtener concesiones reales, dimisiones, compensaciones prometidas y ahora la anulación de las denuncias, a un gobierno dotado de un gran poder institucional. No obstante, el trato que les dio el sistema de seguridad evidencia que los costes de la participación van ahora más allá de los arrestos o la violencia, hasta llegar a crear registros digitales cuyo alcance y uso futuro pueden pasar inadvertidos para quienes son objeto de vigilancia.
Para las democracias, se trata de un problema constitucional que no pueden resolverse con una tecnología más avanzada ni con los argumentos de la seguridad pública. Cuanto más potente es la tecnología, mayor es la necesidad de establecer límites claros sobre lo que el Estado puede recopilar, cómo puede utilizar esa información y cómo los ciudadanos pueden impugnar su uso indebido. India tendrá que decidir si la eficiencia tecnológica determina los límites de la libertad política o si son los principios constitucionales los que fijan los límites en los que se permite utilizar la tecnología.
El Partido Cucaracha comenzó como un intento de convertir un insulto en una broma. Esa broma se convirtió en un movimiento capaz de doblegar a un gobierno. Su actual enfrentamiento con el Estado indio ilustra una transformación más profunda: en una época en la que la participación política puede convertirse en datos, la libertad de expresión ya no depende solo de que la Policía permita a la ciudadanía reunirse, sino de si pueden reunirse sin miedo.
