El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, usa el término «terrorismo interno» para desacreditar a los manifestantes

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Originalmente publicado en Global Voices en Español

A number of protesters appear to be recorded and show targets in their faces.

Imagen destacada creada por Global Voices con elementos de Canva Pro.

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En julio de 2020, en medio de la represión de las protestas de Black Lives Matter de 2020 en Estados Unidos, el Comité de Derechos Humanos de Nacoines Unidas emitió un comentario sobre lo que constituye una protesta pacífica lícita. Señaló que los Gobiernos no podían prohibir las protestas basándose en «referencias generalizadas al orden público o la seguridad pública, o en un riesgo no especificado de posible violencia». El Comité dijo además que los manifestantes tenían derecho a llevar máscaras o capuchas para ocultar sus rostros, y que los Gobiernos no debían recopilar datos personales para acosar o intimidar a los participantes.

El comentario del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se hizo público un mes después de que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, tuiteó: «Los terroristas nacionales se han apoderado de Seattle, gobernada, como no podía ser de otra manera, por demócratas de izquierda radical. ¡LEY Y ORDEN!», en referencia a la protesta organizada de Capitol Hill (CHOP), manifestación de 23 días en el barrio de Capitol Hill de Seattle, en el estado de Washington, donde manifestantes contra la violencia policial se unieron al movimiento Black Lives Matter.

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La primera administración de Donald Trump no fue la primera en relacionar el movimiento Black Lives Matter con el concepto de terrorismo. En 2015, The Intercept informó de un uso inusual del grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo del FBI para rastrear la hora y el lugar de una manifestación de Black Lives Matter celebrada en diciembre de 2014 en Bloomington, Minnesota.

Relato: Los manifestantes son terroristas nacionales

A principios de 2026, durante el segundo mandato de Trump, Alex Pretti, manifestante abatido a tiros por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Minnesota, fue calificado de terrorista por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Políticos. En una primera publicación en X, en respuesta a la publicación de Amy Klobuchar, senadora de Minnesota, sobre el tiroteo, Miller dijo: «¿Un terrorista nacional intentó matar a agentes federales y esto es lo que responde?…». Miller también difundió una segunda publicación en X con un mensaje similar, en respuesta a una publicación del Partido Demócrata en la que se denunciaba la muerte de Pretti, y se pedía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (conocido como ICE) se retirara de Minneapolis.

In a post on X, replying to U.S. Senator from Minnesota Amy Klobuchar’s post on the shooting Alex Pretti, Stephen Miller states, "A domestic terrorist tried to assassinate federal law enforcement and this is your response? You and the state’s entire Democrat leadership team have been flaming the flames of insurrection for the singular purpose of stopping the deportation of illegals who invaded the country."

Captura de pantalla de una publicación de Stephen Miller en X.

¿Un terrorista nacional intentó asesinar a agentes federales y eso responden? Tú y todo el equipo demócrata que dirige el estado han estado avivando las llamas de la insurrección con el único propósito de detener la deportación de los inmigrantes ilegales que invadieron el país.
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Donald Trump y todos sus subordinados que ordenaron esta ofensiva de ICE: vean el horrible video de la matanza de hoy. El mundo está observando. Miles de ciudadanos detenidos y acosados. La Policía ya no puede hacer su trabajo. Los niños de esconden. Las escuelas están cerradas. Saquen a ICE de Minnesota.

Las publicaciones de Miller respaldaban la versión de los hechos que difundió la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que afirmó que Pretti «acudió con armas y munición para impedir una operación policial de agentes federales y cometió un acto de terrorismo interno». Según Noem, Pretti «llegó al lugar con la intención de causar el máximo daño posible a las personas y de matar a los agentes de las fuerzas del orden». La interpretación de la situación que hicieron los responsables del gobierno de Trump quedó rápidamente desmentida por unos vídeos que mostraban que Pretti parecía estar utilizando su teléfono para grabar a los agentes federales cuando uno lo empujó. Momentos después, el agente roció repetidamente a Pretti con aerosol de pimienta y luego pareció arrastrarlo a la calle, donde quedó rodeado por varios agentes que le dispararon diez veces.

Stephen Miller post responding to a post made by the Democratic Party denouncing the killing of Pretti and calling for U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) to withdraw from Minneapolis. Miller post reads "A would-be assassin tried to murder federal law enforcement and the official Democrat account sides with the terrorists."

Captura de pantalla de una publicación de Stephen Miller en X; uso legítimo.

Un presunto asesino intentó matar a agentes federales y la versión oficial de los demócratas se pone del lado de los terroristas.
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Agentes de ICE dispararon y mataron a otra persona en Minneapolis esta mañana.
Saquen a ICE de Minnesota YA.

Desde 2025, Miller ha calificado de actos de terrorismo las protestas contra el uso frecuente de fuerza por parte del ICE y la política de deportaciones masivas de la administración de Trump. En una entrevista de octubre de 2025 con la CNN, al referirse a la protesta de Portland (Oregón), Miller describió la situación como una «definición de manual de terrorismo interno», ya que consideraba que los manifestantes estaban «utilizando la amenaza real e inminente de violencia para impedir que los funcionarios federales hicieran su trabajo».

Esta narrativa no es exclusiva de Estados Unidos ni de la administración de Trump. En 2022, el entonces presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, calificó a los manifestantes de «terroristas» y recurrió a la ley antiterrorista, la ley de prevención del terrorismo, para detener a quienes exigían una solución a la crisis económica del país. En 2023, el presidente de Túnez, Kais Saied, calificó de «terroristas» a los detenidos en el marco de su campaña de represión contra los disidentes y los acusó, sin aportar pruebas, de estar implicadas en una «conspiración contra la seguridad interna y externa del Estado», situación que sigue produciéndose durante el mandato de Saied. En 2024, tras las controvertidas elecciones presidenciales, el Gobierno de Venezuela detuvo y procesó masivamente a manifestantes y trabajadores electorales, a los que acusó de terrorismo.

Una versión de esta historia también se difundió en 2025 en Reino Unido, cuando el grupo activista Palestine Action fue calificado de organización «terrorista» y quedó prohibido, decisión del Gobierno que luego el Tribunal de Apelación británico declaró legal. El Gobierno del Reino Unido proscribió a Palestine Action en virtud de la ley contra el terrorismo de 2000 después de que, en junio, varios miembros irrumpieron en un aeródromo militar y, según se informa, pintaran con aerosol dos aviones militares y llevaron a cabo otros actos de daños a la propiedad. Según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la prohibición de Palestine Action suscita serias preocupaciones de que las leyes antiterroristas del Reino Unido se estén aplicando a comportamientos que no tienen naturaleza terrorista, y advierte que tales medidas corren el riesgo de restringir el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales en todo el país.

El contexto en el que se enmarca la narrativa

A mediados de 2025, comenzaron las protestas en Portland, Oregón, después de que varios solicitantes de asilo fueron detenidos frente al tribunal de inmigración. En octubre de 2025, Trump dijo que enviaría tropas para controlar la situación mientras continuaban las protestas, decisión que fue bloqueada por un juez federal. A finales de 2025, se desplegaron más de 3000 agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza por todo Minnesota en una operación a gran escala de control de la inmigración (Operación Metro Surge) que, según Trump, tuvo como resultado con más de 4000 detenciones. Durante el operativo, los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza emplearon tácticas agresivas en las redadas y dispararon a tres personas durante la operación, dos con resultado mortal, Renee Nicole Good y Alex Pretti. Se desconoce el número real de detenidos. En septiembre de 2026, unos activistas desplegaron en el Capitolio del estado de Minnesota un cartel de más de siete metros de largo en protesta por la violencia de ICE y las detenciones continuadas. El cartel tiene 11,000 parches que representan a los 11,000 desaparecidos.

Oregón y Minnesota no son los únicos estados afectados por las medidas de represión en materia de inmigración del Gobierno. El uso excesivo de la fuerza de ICE y la Patrulla Fronteriza ha quedado ampliamente documentado en todo el país.

La narrativa de la administración de Trump sobre el terrorismo interno también se refleja en la nueva normativa. En septiembre de 2025, el presidente Trump firmó un decreto con el objetivo de designar a «Antifa» como «organización terrorista interna». Antifa, abreviatura de «antifascista», hace referencia a una red descentralizada de activistas, asociada principalmente a la extrema izquierda.

Días más tarde, emitió el memorándum presidencial de seguridad nacional n.º 7 (NSPM-7), en el que se esbozaba la perspectiva de la administración de Trump para combatir el terrorismo interno y la violencia política organizada. Ambas medidas han sido objeto de fuertes críticas por violar la primera enmienda y por tipificar como delito una larga lista de actividades, entre las que se incluyen «repartir agua en una manifestación en la que participen simpatizantes visibles de Antifa, o prestar servicios de mensajería en línea o de redes sociales, en el curso habitual de la actividad empresarial, a personas ideológicamente alineadas con Antifa».

En diciembre de 2025, la entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorándum destinado a aplicar el memorándum del presidente Trump de septiembre. El documento insta a los fiscales a investigar «conspiraciones que obstaculizan» las actuaciones de las fuerzas del orden, y vincula a Antifa con la paralización de la aplicación de la política de inmigración, lo que refuerza la retórica que utilizaron Miller y Noem.

En previsión de un despliegue masivo de fuerzas del orden federales durante las próximas elecciones de mitad de legislatura, en septiembre de 2026 una coalición de organizaciones de defensa de los derechos civiles presentó una demanda contra el Gobierno.