Se acusa a la empresa pública de promover crímenes contra la humanidad
Originalmente publicado en Global Voices en Español
La empresa de telecomunicaciones Telenor operó en Myanmar entre 2014 y 2022. Foto de Bjoertvedt. Fuente: Wikipedia (CC BY-SA 4.0).
Este articulo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de octubre de 2026 “Gigantes tecnológicos y autoritarismo”. Esta serie explora cómo las empresas gigantes de tecnología facilitan y obstaculizan a Gobiernos y prácticas autoritarias, y cómo estas decisiones influyen en los países en desarrollo. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
La multinacional de telecomunicaciones noruega Telenor enfrenta acusaciones por su participación en divulgar datos confidenciales de clientes al gobierno militar de Myanmar.
Si prospera la demanda, sería el primer caso en la historia en el que se responsabiliza a una empresa de telecomunicaciones por no proteger los datos de los usuarios ante uso indebido de un régimen autoritario.
Telenor operó en Myanmar entre 2014 y 2022 con 18 millones de abonados. Tras el golpe de Estado de febrero de 2021, Telenor enfrentó presiones después de que la junta exigió que se cumplieran sus instrucciones de vigilancia y bloqueo de contenidos. Telenor decidió abandonar Myanmar, pero varias organizaciones de la sociedad civil se opusieron a que sus operaciones locales se vendieran a una empresa vinculada a la junta.
En diciembre de 2024, el grupo activista Justicia para Myanmar presentó una denuncia contra Telenor en Noruega por incumplimiento de la ley de aprobaciones. Noruega la desestimó, pero la denuncia volvió a presentarse en octubre de 2025 junto con un cargo adicional por complicidad en crímenes contra la humanidad.
El Estado noruego tiene una participación de 54% en Telenor. En diciembre de 2025, el Parlamento noruego inició una investigación sobre las operaciones de Telenor en Myanmar. El responsable del comité disciplinario del Parlamento declaró: «Debemos esclarecer cómo una empresa estatal pudo cooperar con un brutal régimen militar (y ceder) información de clientes sobre la oposición [en Myanmar]».
En abril de 2026, ciudadanos de Myanmar interpusieron una denuncia civil colectiva en Noruega contra Telenor por compartir sus datos personales sensibles con la junta militar. La denuncia sostenía que Telenor había facilitado al régimen al menos 1253 números de teléfono. Estos datos incluían también registros de llamadas y datos de localización, nombres, direcciones, números de identificación, cuentas de Facebook y cuentas bancarias vinculadas a los números móvil.
Entre los denunciantes está Tha Zin, viuda del rapero y diputado Phyo Zeya Thaw, detenido por una acusación falsa, condenado y luego ejecutado por la junta militar. Tha Zin dijo que su marido fue detenido inmediatamente después de que la junta militar accediera a la información de su cuenta.
I lost my husband. It is not just a wife losing her husband. It is also a loss to the movement. It is also a loss to democracy because my husband was committed to democracy and a youth leader. Losing him means a loss to the country.
He perdido a mi marido. No se trata solo de una esposa que pierde a su marido. Es también una pérdida para el movimiento, y una pérdida para la democracia, ya que mi marido estaba comprometido con la democracia además de ser un líder juvenil. Su pérdida supone una pérdida para el país.
El abogado Jan Magne Langseth resumió el contenido de la denuncia.
Telenor ASA in Norway clearly contributed to the practice of handing over user data, despite the inherent risks for its customers in Myanmar. We have evidence of cases where the team at HQ expressly recommended the data to be handed over.
Telenor ASA en Noruega contribuyó claramente en la entrega de datos de usuarios, a pesar de los riesgos inherentes que esto suponía para sus clientes en Myanmar. Tenemos pruebas de casos en los que el equipo de la sede central recomendó expresamente que se entregaran los datos.
En septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Investigación Penal de Noruega y el servicio de seguridad interior registraron las oficinas de Telenor por los cargos presentados contra la empresa.
La portavoz de Justicia para Myanmar, Yadanar Maung, acogió favorablemente la decisión de las autoridades noruegas de investigar a Telenor.
Telenor’s transfer of spyware to a military-linked company and sharing of sensitive data with the military junta was extensively documented
We hope this will finally lead to accountability for the harms Telenor has caused Myanmar people through its conduct and its dangerous divestment.
La transferencia de programas espía que hizo Telenor a una empresa vinculada al Ejército y el intercambio de datos confidenciales con la junta militar quedaron ampliamente documentados.
Esperamos que esto sirva finalmente para que Telenor asuma la responsabilidad por los daños que ha causado al pueblo de Myanmar con su conducta y su peligrosa salida del país.
En varias declaraciones enviadas a los medios, Telenor dijo que está colaborando con las autoridades en la investigación en curso. Añadió que debía defender a sus empleados en Myanmar.
In Myanmar, refusing requests from the military authorities could, in the worst case, have led to imprisonment, torture or the death penalty.
Telenor Myanmar had no real options. We could not play Russian roulette with the lives of our employees.
Negarse a cumplir las órdenes de las autoridades militares en Myanmar podría conllevar, en el peor de los casos, a encarcelamiento, tortura o pena de muerte.
Telenor Myanmar no tenía alternativas reales. No podíamos jugar a la ruleta rusa con las vidas de nuestros empleados.
El director de medios de Telenor, David Fidjeland, reiteró este mismo punto.
Our employees risked imprisonment, torture or the death penalty if the military authorities’ orders were not complied with. We found that we had no real choice and that we could not put our employees’ lives at risk.
Nuestros empleados se arriesgaban a ser encarcelados, torturados o condenados a pena de muerte si no cumplían las órdenes de las autoridades militares. Nos dimos cuenta de que no nos quedaba otra opción y de que no podíamos poner en peligro la vida de nuestros empleados.
Telenor reconoció la violencia de la junta, pero sostuvo que el bienestar de sus empleados no debía ponerse en peligro.
Telenor acknowledges that human rights due diligence must consider all rights-holders. However, when faced with the brutal force of the military, Telenor maintains that an employer cannot give instructions that put employees’ lives at direct risk.
Telenor reconoce que la diligencia debida en materia de derechos humanos debe tener en cuenta a todos los titulares de derechos. Sin embargo, ante la violencia de las fuerzas militares, Telenor sostiene que un empleador no puede dar instrucciones que pongan en riesgo directo la vida de los empleados.
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que la investigación supone un paso adelante en la lucha contra la impunidad. Civicus afirmó que las empresas no deberían permitir que se vulneraran derechos humanos.
The Telenor case has the potential to challenge impunity. It should refocus the minds of democratic states and companies headquartered in them, offering a warning that they can be exposed for complicity in the junta’s atrocities. It should give fresh impetus to civil society’s efforts to hold states and companies to account.
El caso Telenor tiene el potencial de cuestionar la impunidad. Debería hacer reflexionar a los Estados democráticos y a las empresas con sede en esos países, y advertirles que pueden verse acusados de complicidad en las atrocidades cometidas por la junta. Debería dar un nuevo impulso a los esfuerzos de la sociedad civil para exigir responsabilidades a los Estados y a las empresas.
Faiz Naeem, analista de políticas para Asia-Pacífico en Access Now, añadió que el caso de Telenor recuerda a las empresas que sus obligaciones para con los usuarios no terminan cuando abandonan un país sometido a un régimen autocrático.
The decision to investigate Telenor for crimes against humanity should be a wake-up call for every technology and telecom company operating in a high-risk environment: leaving a market does not mean leaving your human rights responsibilities behind.
La decisión de investigar a Telenor por crímenes contra la humanidad debería ser un llamado de atención para todas las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones que operan en un entorno de alto riesgo: abandonar un mercado no significa dejar atrás las propias responsabilidades en materia de derechos humanos.
La denuncia colectiva civil reclama una indemnización por valor de 9000 euros (alrededor de 10,500 dólares) por cliente.
