El regreso de Serrano vuelve a destacar el sistema judicial y el estado de derecho de Ecuador
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Captura de pantalla del video de YouTube “José Serrano ingresa a la cárcel del Encuentro tras ser deportado desde Estados Unidos” de TVC Noticias. Uso legítimo.
Después de que el sistema de inmigración de Estados Unidos se negara a dar asilo político al exministro del Interior ecuatoriano José Serrano Salgado, su deportación a Ecuador se hizo con las más estrictas medidas de seguridad.
Serrano enfrenta varias investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Ecuador con relación a su cargo como funcionario gubernamental en durante el periodo del expresidente Rafael Correa, y por su supuesta participación como la mente maestra detrás del asesinato de periodista y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En este último caso, a solicitud de la fiscalía, los jueces ordenaron detenerlo antes del juicio y que lo transfirieran a la prisión El Encuentro (que oficialmente se llama centro de detención Santa Elena 1) en la provincia costera de Santa Elena.
El 7 de agosto de 2025, Serrano fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (más conocido como ICE) en Estados Unidos por una infracción migratoria por haberse quedado más tiempo del autorizado. Primero lo detuvieron en Miami, después en un centro de detención de inmigrantes en Mississippi hasta el 28 de agosto de 2026.
Serrano entró en Estados Unidos en mayo de 2021 cuando acabó su periodo como legislador. Ese mismo año, solicitó asilo político en Estados Unidos. El 13 de mayo de 2026, la jueza Romy Lerner negó su solicitud de asilo, pero le concedió protección en el marco de la Convención contra la Tortura, que retrasó su regreso a Ecuador.
Sin embargo, una investigación de The New York Times, publicada el 16 de agosto de 2026, da cuenta del entorno político que involucra al Gobierno de Estados Unidos y sus aliados. El informe declara que la deportación de Serrano ocurrió apenas 15 minutos después de reuniones de alto nivel entre la administración estadounidense y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Según The New York Times, apenas un cuarto de hora después del despegue del avión chárter que llevaba a Serrano a Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció en su cuenta de X de la llegada de Serrano a suelo ecuatoriano. Las fotos muestran a agentes del ICE escoltándolo con las manos y pies esposados, y a su llegada a Ecuador se le vio usando un chaleco a prueba de balas y un casco.
¿Quién es José Serrano?
Serrano ha ejercido varios puestos públicos en Ecuador durante y después del gobierno de Correa. Ejerció como ministro del Interior entre 2011 y 2016. Ya en 2009 fue secretario de Transparencia, y en 2010 asumió el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Durante su ejercicio como ministro del Interior, hubo logros notables como la reestructuración integral del sistema policial, que incluyó crear laboratorios forenses para la Policía, y mejoras a los autos patrulleros y las Unidades de Policía Comunitaria y de las Unidades de Vigilancia Comunitaria.
Su trabajo contra el tráfico de drogas fue particularmente significativo, y el 6 de junio de 2016, fue condecorado por la Administración de Control de Drogas (más conocida como DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, en reconocimiento por su lucha. Sin embargo, su periodo estuvo marcado por la controversia por la contratación pública relacionada, entre otras cosas, con contratos de emergencia, adquisición de caballos y perros, renovación de instalaciones policiales, uniformes policiales y servicios de limpieza.
En las elecciones generales de Ecuador de 2017, fue el asambleísta más votado. Como resultado, ocupó el puesto de presidente de la Asamblea Nacional Legislativa hasta el 9 de marzo de 2018, cuando fue destituido después de que se filtró un audio entre Serrano y el excontralor Carlos Pólit, que fue fugitivo de la justicia por el caso Odebrecht. Esto expuso la manipulación política del sistema de justicia ecuatoriano.
Tras completar su periodo legislativo (2017–2021), dejó la vida pública y se fue a Estados Unidos, donde solicitó asilo político en las cortes de inmigración con el argumento de persecución política y riesgo para su vida.
Investigaciones penales en Ecuador
El regreso de Serrano a su país abre un nuevo capítulo en una carrera marcada por varias investigaciones criminales. La fiscalía está procesando casos relacionados con diferentes asuntos: su presunta participación en el asesinato de Villavicencio; quejas de tráfico de influencias y sobornos vinculados a revelaciones que surgieron durante los procedimientos contra Pólit en Estados Unidos; acusaciones de intento de asesinato presentadas por el abogado Luggi García; otro sobre su supuesta participación en el secuestro de Fernando Balda en Colombia; y una queja de 2019 que sostenía que pedía contribuciones de los salarios de funcionarios del Ministerio del Interior.
El caso con el mayor impacto político es el presunto asesinato de Villavicencio. La fiscalía mantiene que puede haber servido de enlace y de vigilancia. Su defensa rechaza esta hipótesis, dice que no hay suficiente evidencia que lo vincule al asesinato, y sostiene que la acusación depende principalmente del relato de un testigo protegido.
Tras haber estado preso en El Encuentro el 28 de agosto de 2026, Serrano sostuvo en su cuenta de X que «no recibía tratamiento compatible con la dignidad de un ser humano” dentro de la penitenciaría, afirmación que repitió su hija Verónica, que responsabiliza al Estado ecuatoriano por la vida de su padre.
La perspectiva del Gobierno
El regreso de Serrano tomó pronto una dimensión política, la administración de Noboa señaló que su deportación y posterior prisión como parte de la aplicación de decisiones judiciales. Al anunciar la llegada de Serrano, Noboa también emitió una advertencia al expresidente Correa, y esencialmente le dijo que ya llegaba su turno.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, declaró que “nadie está por encima de la ley», y la ministra Nathaly Morillo recibió la deportación de Serrano como una victoria para el Gobierno, comentó sobre su regreso y lo llamó “uno de los personajes más siniestros de la ‘década saqueada'”, y agregó “poco a poco, la verdad sigue saliendo a la luz”.
Más allá de la confrontación política, el caso plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede ir el Estado en procesar delitos graves sin debilitar las garantías que debe reconocer, hasta para quienes enfrentan las acusaciones más graves? La prisión de Serrano hace que su caso no sea solo una prueba de la lucha contra la impunidad, sino también una prueba del cumplimiento efectivo del debido proceso y el estado de derecho en Ecuador.
