Padres con hijos ya adultos delegan la coerción a instituciones privadas.
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Jóvenes adultos obligados a hacer ejercicio físico dentro de un centro de corrección conductual. Captura de pantalla del canal de YouTube de BBC China.
La mañana de un domingo de marzo, una estudiante de música de 21 años, llegó a un complejo de apartamentos en Pekín para dar una clase de piano, trabajo que hacía para pagar sus estudios. Su padre, su tía y dos empleados de una institución disciplinaria privada la estaban esperando.
Sus familiares le dijeron que los desconocidos eran policías que investigaban a un miembro de la familia. La obligaron a subir a una furgoneta, confiscaron su teléfono y la trasladaron a un centro privado en la provincia china de Henan, a cientos de kilómetros de distancia. Supuestamente, para una «rehabilitación por adicción al internet».
Estuvo allí once días.
Su uso de internet no tenía nada que ver con su encierro. Tras una investigación de Southern People Weekly, se supo que sus padres no aprobaban la relación con su novio y creían que su hija, antes obediente, ya no les hacía caso. Pagaron al centro para aislarla, controlar su día a día y presionarla para que terminara la relación. Los registros públicos indican que este centro cobraba más de 26,800 yuanes (3,970 dólares) por seis meses o 36,800 yuanes (5,451 dólares) por año, con comida y alojamiento incluidos.
El personal le dijo que podría marcharse una vez que se olvidara de su novio. En ese momento, era independiente y legalmente mayor de edad.
Su caso es parte de un problema mucho mayor.
Un mercado del control
Una investigación de China Newsweek de julio de 2026 reveló que a varios adultos los habían internado sus familiares en centros similares. Un empleado de comercio de 21 años relató que unos trabajadores lo inmovilizaron y lo trasladaron a cientos de kilómetros luego de que sus padres pagaron para corregir sus hábitos de sueño. Una mujer de 25 años que vivía sola contó que tres personas entraron a su casa, le quitaron el teléfono y la llevaron desde Jiangxi hasta un centro disciplinario en Hubei.
En otro caso, una institución aconsejó a una madre que atrajera a su hijo de 26 años a Chongqing con la promesa de unas vacaciones. El joven pasó 82 días en el centro.
Después, varias personas que fueron retenidas denunciaron a las instituciones por detención ilegal y privación de la libertad. Las denuncias no derivaron en causas penales.
Para muchos lectores no residentes en China, los campamentos para «adictos a internet» parecen un vestigio de principios de la década de 2000. En esos años, estos centros cobraron fama por sus ejercicios militares, castigos físicos, confinamientos forzados y tratamientos con electrochoques. En 2009, el Ministerio de Salud de China ordenó a los centros médicos que dejaran de utilizar la estimulación eléctrica para tratar el problema ya que no había pruebas suficientes de su seguridad y eficacia.
El sector superó las críticas públicas. Cambió su discurso y siguió funcionando.
Hoy en día, la “adicción a internet” es una definición flexible que se aplica a conductas rechazadas que las familias rechazan. Pueden abarcar desde videojuegos, relaciones sentimentales y empleos poco convencionales, horarios de sueño irregulares y resistencia a pedidos de los padres.
Si bien la adicción a internet no está reconocida en la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), el referente mundial para los diagnósticos de salud mental, China la reconoce como un problema clínico desde 2008. Esta terminología oficial permite a las familias justificar sus acciones: un desacuerdo pasa a ser un trastorno; el rechazo de la familia se convierte en motivo de preocupación y el encierro pasa a ser tratamiento.
Ahora, algunas instituciones se autodenominan como escuelas de formación especializada, centros de asesoramiento psicológico u organizaciones de desarrollo juvenil. Estas denominaciones disfrazan el encierro forzado y las prácticas coercitivas de educación y cuidado.
La transacción básica sigue siendo clara. Las familias pagan a organizaciones privadas para que disciplinen a hijos que consideran difíciles de controlar.
Actualmente, el sector aplica este modelo a adultos.
Un vacío en la aplicación de la ley
Los padres no tienen autoridad legal sobre los hijos adultos que ejercen derechos civiles plenamente. No pueden decidir dónde viven esos hijos, con quiénes se relacionan, a qué se dedican ni cómo organizan su día a día. Sin embargo, la presión emocional, la dependencia financiera y las obligaciones familiares permiten a los padres mantener su influencia, incluso cuando ya no tienen control legal.
Las instituciones privadas ofrecen a las familias una vía para saltearse ese límite.
Los centros dan transporte, vigilancia, confinamiento, aislamiento, rutinas impuestas y presión psicológica. Confiscan teléfonos, restringen la movilidad, controlan las comunicaciones y exigen obediencia. De este modo, los padres adquieren formas de control que ya no pueden imponer a sus hijos de forma legal.
Estas instituciones extienden la autoridad parental más allá de su límite legal y transforman la coacción en un negocio.
Los casos recientes también revelan un vacío en la aplicación de la ley.
El artículo 238 del Código Penal de China prohíbe detener ilegalmente a una persona o privarla ilegítimamente de su libertad.
En el caso de la estudiante de música de Pekín, la Policía emitió un aviso por escrito de sobreseimiento en el que señalaba que no existían «hechos delictivos» y que no avanzarían con la investigación. Los informes publicados no dan más explicaciones. Tampoco detallan cómo la Policía evaluó que la familia hiciera pasar a los empleados del centro por policías, el secuestro y traslado de un adulto, la incautación de su teléfono ni su confinamiento forzado durante once días.
El aviso registra una conclusión, aunque deja sin responder el interrogante legal central: ¿por qué la denuncia no fue suficiente para abrir una investigación penal?
Otros casos revelan fragmentos de los argumentos empleados en la práctica. Según los informes, a uno de los padres le indicaron que el ingreso se consideraba voluntario porque la familia lo había autorizado. Otras denuncias se estancaron por cuestiones de jurisdicción y por las dificultades para preservar las pruebas. Tales explicaciones se centran en la decisión de los padres y dejan de lado la falta de consentimiento del adulto detenido.
El encierro como protección
En junio de 2026, una investigación independiente de Jiemian News reveló la presencia de adultos de hasta 33 años en uno de los centros y señaló que había una cantidad casi idéntica de adultos y menores de edad.
No hay recuento oficial del número de adultos recluidos por la fuerza en estos centros, ni de cuántas instituciones de este tipo operan en el país. Según los informes, a finales de junio de 2026, un establecimiento en Chongqing albergaba cerca de cien adultos. Estas instituciones están repartidas por ciudades y provincias de toda China, lo que significa que podría haber cientos, o incluso miles de adultos retenidos contra su voluntad porque sus familias no están de acuerdo con sus decisiones de vida.
Los padres describen el encierro como un acto de protección. Las instituciones lo presentan como educación, asesoramiento o intervención conductual. La Policía suele toparse con familias que insisten en que actúan por el bienestar de sus hijos.
La persona retenida puede quedarse sin teléfono, sin acceso a asesoría legal y sin posibilidad de desmentir la versión de la familia. Ambas investigaciones sostienen que los centros utilizan grabaciones controladas para moldear el relato que se presenta a las familias o a la Policía. A los detenidos les exigían decir que estaban a salvo, que agradecían a sus padres o que estaban dispuestos a poner fin a las relaciones que su entorno familiar desaprobaba.
El discurso familiar suaviza la apariencia de coacción. Una conducta que encendería la alarma entre desconocidos puede tratarse como un desacuerdo privado cuando la organiza un progenitor.
Esta lógica permite que los institutos privados operen en una zona gris entre los servicios educativos y la privación ilegítima de libertad.
Asimismo, esos lugares también se apoyan en definiciones imprecisas de «mala conducta» que justifican recluir a las personas. Los casos recientes incluyeron relaciones sentimentales, horarios de sueño irregulares, supuesto abuso de videojuegos, hábitos laborales, desempleo y elecciones profesionales que los padres consideraban inadecuadas. Ninguno de estos supuestos requirió un diagnóstico médico claro.
En realidad, esta industria comercializa el poder de suspender la adultez. A cambio de una tarifa, proveen transporte, aislamiento, vigilancia, rutinas impuestas y obediencia bajo el pretexto de la educación.
Que sigan existiendo va más allá de un fallo normativo. También revela la persistencia de un ideal familiar en el que se espera que la autoridad parental se prolongue más allá de la mayoría de edad, de modo que la obediencia sigue siendo una obligación moral más que una elección legal.
Mientras esa expectativa siga desdibujando la línea entre la preocupación parental y la libertad personal existirá un mercado de empresas dispuestas a comercializar el control sobre adultos que son legalmente libres.
