Cuando la libertad de expresión tiene consecuencias, los jóvenes recurren a la música para hacer frente al silencio político
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Hombres en una protesta pacífica; uno sostiene un micrófono y un cartel. La foto fue tomada por Stephanie Douglas. Nigeria (vía Pexels con .licencia Pexel).
En Mozambique, la libertad de expresión está regulada por la ley 34/2014 sobre el derecho a la información, que está garantizado constitucionalmente según el artículo 48 de la Constitución de la República de Mozambique. Sin embargo, para muchos jóvenes, hablar públicamente sobre corrupción, desigualdad, violencia policial o responsabilidades sigue representando un riesgo, lo que demuestra la brecha entre las promesas de la democracia y la realidad diaria.
Por ejemplo, esta contradicción es notoria en la música. En los últimos veinte años, el hip hop se volvió un espacio fundamental para que los jóvenes urbanos expresaran su crítica social, particularmente en la capital, Maputo. Más que un simple género musical, el hip hop se convirtió en una manera de documentar las preocupaciones de las generaciones que crecieron, de un lado, con la democratización política y el multipartidismo de principios de la década de 1990, pero, por otro lado, el gran porcentaje de jóvenes desempleados, desigualdades económicas y una creciente desconfianza a las instituciones públicas lideradas por el partido Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO).
A través de narrativas musicales, grupos como GPRO y artistas como Azagaia crearon un lenguaje que refleja la vida cotidiana de la gente en los espacios públicos e institucionales. Quizás la pregunta que plantea Azagaia en su canción «O ciclo da Censura» (El ciclo de Censura) sigue siendo relevante: «¿Quién dice que en este país hay libertad de expresión?». No es solo un comentario artístico provocativo, sino una reflexión sobre las condiciones materiales y políticas que determinan quién puede hablar, sobre qué y con qué consecuencias.
Nuevas formas de ciudadanía
Loa jóvenes mozambiqueños han ido reinventado su manera de participar políticamente. Durante muchos años los ciudadanos estaban fuertemente vinculados a partidos políticos y a organizaciones estatales, hoy en día se manifiestan mediante organizaciones como colectivos feminista, como el Foro de Mujeres, plataformas digitales para dar seguimiento a la gobernanza local, asociaciones culturales e iniciativas artísticas. Este cambio dirige la atención a una generación que no acepta que la política se limite a las elecciones y demanda el derecho continuo a participar en la conformación de los espacios públicos.
Sin embargo, estas nuevas formas de participación suelen generar conflictos con las autoridades, que ven continuamente a los manifestantes como una amenaza al orden público. Uno de los acontecimientos más destacables ocurrió en 2016, cuando las organizaciones feministas tomaron las calles para protestar contra la prohibición de las minifaldas en los colegios públicos. La medida se presentó como una respuesta al acoso sexual, pero daba a entender que la ropa elegida por las estudiantes era la causa del daño que sufrían.
Al responsabilizar a las niñas y no a los agresores, el debate reveló algo más profundo: la disputa sobre el control del cuerpo femenino y el derecho a que las jóvenes definan su propia identidad. Durante las manifestaciones, la activista española Eva Anadón Moreno fue detenida y posteriormente la expulsaron de Mozambique por participar en la protesta.
El silencio también es político
En años recientes, la censura en Mozambique casi nunca llega en forma prohibiciones explícitas. Sin embargo, eso no significa que no existan miedo ni autocensura. En una entrevista de 2010, Azagaia señaló que el mayor obstáculo para la libertad de expresión en Mozambique no era necesariamente intimidación policial directa, sino precariedad económica. Cuando muchas oportunidades de trabajo dependen, directa o indirectamente, de tus contactos con los poderes estructurales establecidos, la crítica pública puede poner en peligro a las personas.
Este resultado es lo que podemos llamar la «economía del silencio». Los periodistas evitan algunos temas, los artistas moderan sus palabras, los funcionarios públicos callan sus opiniones y los jóvenes activistas aprenden que sus palabras pueden ser letales. La libertad deja de ser meramente un problema legal y se convierte en sobrevivencia. En este contexto, la música de protesta adquiere un valor político singular. Rompe el silencio colectivo y desarrolla el reconocimiento comunitario, donde las vivencias injustas encuentran voz, memoria y empatía.
La ilusión de la libertad de expresión
La Constitución de Mozambique establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a la libertad de expresión y opinión. Sin embargo, una democracia no se mide únicamente en los derechos plasmados en el papel, sino también en las condiciones reales en las que se ejercen. La ilusión de la libertad yace en esta contradicción: se les hace creer a los ciudadanos que pueden expresarse libremente, mientras los mecanismos de vigilancia, estigmatización y exclusión limitan quién puede participar en los espacios públicos. No es necesario silenciar todas las voces; basta con que el costo de la disconformidad sea elevado, como por ejemplo, cuando el incremento de las tarifas de telecomunicaciones sobrepasa el costo real.
En este contexto, el activismo juvenil simboliza esta ambigüedad. Amplifica las voces que históricamente fueron marginadas y las visibiliza. Cuanto mayor es la capacidad de artistas, activistas o colectivos juveniles para movilizar personas, mayor es el riesgo de sufrir intimidación, desinformación o aislamiento económico.
Amplificar las voces de los jóvenes
Independientemente de las dificultades, los jóvenes siguen creando nuevas formas de esperanza política. El arte, la música y activismo digital demuestran que la ciudadanía no es solo una situación legal, sino una práctica diaria de participación, imaginación y resiliencia. El desafío real al proteger a los mozambiqueños no es solo garantizar la libertad de expresión que menciona la Constitución, sino crear condiciones donde todos puedan ejercerla sin miedo al impacto económico, social o a las represalias políticas. La cuestión fundamental para Mozambique no es solo que los jóvenes puedan opinar, sino si pueden hacerlo sin poner en riesgo su seguridad, su empleo o su capacidad para participar en público.
