Acceder a la justicia en un espacio cada vez más reducido: Crear ecosistemas para poner fin a la apatridia

Para quienes son apátridas o corren el riesgo de serlo, la situación de vulnerabilidad puede afectar todos los aspectos de su vida

Originalmente publicado en Global Voices en Español

Imagen de Katrin Bolovtsova en Pexels. Uso libre con una licencia Pexels.

Este artículo de Elgene Lutshiti, Palesa Maloisane y Thandeka Chauke se escribió con la colaboración del Movimiento Global contra la Apatridia (GMAS, por sus siglas en inglés), socio de contenidos de Global Voices. Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece una visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

Para muchas personas, la ciudadanía se trata como una realidad. Yace tranquilamente al fondo, representada por un certificado de nacimiento, un documento de identidad, un pasaporte, un sentido de pertenencia. Pero para quienes se ven afectados por la apatridia, la identidad legal no es un trasfondo. Es la línea entre inclusión y exclusión, entre poder participar en la sociedad y verse obligado a vivir en las sombras.

En Sudáfrica, esta realidad es visible en la vida de muchos jóvenes que nacieron y crecieron en el país pero siguen sin poder acceder a la ciudadanía o documentación pese a tener derecho legal. La sección 4(3) de la ley de ciudadanía de Sudáfrica da un camino a la ciudadanía para algunas personas que nacieron en Sudáfrica de padres que no eran ciudadanos sudafricano ni residentes permanentes. En el papel, debería ofrecer una ruta al reconocimiento legal. En la práctica, muchos solicitantes encuentran procedimientos poco claros, implementación inconsistente, demoras excesivas, registros perdidos y una arquitectura administrativa que, ya sea por descuido o por diseño, agota en vez de resolver.

Es ahí donde el lenguaje de “acceso legal” debe tomarse en serio. El acceso a la justicia no se refiere solo a si alguien puede encontrar un abogado en caso de necesitarlo. También se refiere a si la ley es comprensible, si los procedimientos son accesibles, si los funcionarios aplican la ley consistentemente y si hay maneras significativas de hacer que el Estado asuma la responsabilidad cuando se niegan derechos en la práctica.

Estas preguntas se vuelven cada vez más urgentes en un espacio cívico que se reduce. En muchos contextos, las organizaciones de la sociedad civil y los abogados de interés público funcionan con menos recursos, cargas administrativas más pesadas y un clima político cada vez más hostil hacia los grupos marginados.

El Sudáfrica, el libro blanco revisado sobre ciudadanía, inmigración y protección de refugiados, ya aprobado por el gabinete, indica una restructuración legal potencialmente significativa cuyas consecuencias para protecciones de apátridas siguen activamente impugnadas, y esa impugnación ocurre precisamente cuando las comunidades y organizaciones equipadas para darle seguimiento tiene menos capacidad.

Por lo tanto, una respuesta legal no basta. La apatridia y la exclusión de la ciudadanía necesita un ecosistema legal.

Ese ecosistema empieza a nivel comunitario. Las personas afectadas por la apatridia suelen ser las primeras en entender cómo falla el sistema, qué oficinas rechazan a la gente, qué documentos se piden sin base legal, qué barreras se repiten entre generaciones, y cómo son las respuestas sostenibles. Generar un ecosistema legal significa crear estructuras en las que lidera el conocimiento y en las que se trata a las comunidades afectadas como coestrategas, no como beneficiarios pasivos. This Is Home, colectivo de jóvenes sudafricanos que viven con barreras a la ciudadanía, da forma a este planteamiento: por medio de narraciones, organización y defensoría, el colectivo garantiza que la experiencia vivida informa reforma legal y comprensión pública: no como un suplemento a la estrategia, sino como su base.

Las clínicas legales y las organizaciones de la sociedad civil suelen ser el primer punto de contacto para personas a quienes las oficinas gubernamentales han dejado de lado o que no saben si la ley los protege. Traducen complejas reglas legales en asesoría práctica, generan confianza en comunidades donde los sistemas formales han causado daño y, sentenciosamente, identifican patrones a través de casos individuales que revelan cuando un problema personal también es sistémico. En ese punto es que las asociaciones más amplias se vuelven esenciales.

Los bufetes jurídicos privados pueden agregar una significativa capa de apoyo. Los abogados que trabajan sin cobrar pueden ayudar con las solicitudes individuales, revisiones y seguimientos  administrativos, lo que libera la capacidad de la sociedad civil para un trabajo sistémico más profundo. Donde las clínicas identifican un patrón que requiere intervención estructural, los socios del sector privado pueden llevar los recursos para litigación estratégica, investigación y redacción. Pero el valor del sector privado que trabaja sin cobra no es simplemente la cantidad de horas donadas. Su valor yace en si ese apoyo fortalece el trabajo comunitario existente y de la sociedad civil.

En un espacio de civil que se reduce, la visibilidad que los movimientos y las comunidades afectadas requieren se apoya en una infraestructura y un ecosistema confiable y solidaridad internacional: un ecosistema de sistemas de referencia durables, recursos compartidos y conexiones significativas a través de fronteras para amplificar la defensoría y elaborar respuestas regionales para asuntos de derechos humanos fundamentales. La litigación estratégica puede ser una herramienta importante en este ecosistema, pero no se debe considerar toda la estrategia. La litigación puede exponer prácticas administrativas ilegales, impulsar la toma de decisiones, aclarar las obligaciones legales y garantizar las soluciones para personas y grupos. Pero las órdenes judiciales no se implementan solas. Una resolución puede crear una apertura legal, pero se suele necesitar trabajo sostenido para garantizar que los funcionarios cambien sus practicas, que los pueblos afectados conozcan sus derechos, que los futuros solicitantes puedan acceder al procedimiento y que el Estado asuma las responsabilidades cuando el caso acabe.

Esto es particularmente importante en cuestiones de ciudadanía y documentación, donde la exclusión suele producirse a través de la burocracia y no tanto por un acto concreto. Es posible que alguien no reciba una denegación formal. Es posible que simplemente le digan que regrese más tarde, que lleve documentos adicionales que no son necesarios, que espere una decisión sin fecha específica o que resuelva un problema en un sistema interno al que no tiene acceso. Estas formas de poca claridad administrativa son difíciles de cuestionar porque son lentas, técnicas y agotadoras. Además, son profundamente dañinas. Es precisamente porque la exclusión opera de esta manera, de forma gradual, burocrática y fuera del alcance de las personas, que ningún actor del ecosistema puede enfrentar solo. La lección que se desprende del contexto de la sección 4(3) de Sudáfrica no es solo que las leyes de ciudadanía deben aplicarse adecuadamente, sino que el derecho legal no genera automáticamente el reconocimiento legal. Un derecho al que no se puede acceder en la práctica sigue siendo frágil. Para los apátridas o en riesgo de apatridia, esa fragilidad puede marcar cada aspecto de su vida.

En un espacio cívico cada vez más reducido, esta fragilidad se agrava. Los ecosistemas de apoyo duraderos no son un complemento de la estrategia legal; son la estrategia misma, desde la comunidad hasta la clínica y el tribunal, y de regreso. Construirlos exige que la sociedad civil y los bufetes de abogados colaboren con delicadeza. Exige que los abogados escuchen antes de dirigir. Y nos exige a todos comprender que este no es solo un proyecto jurídico técnico. Es un proyecto de reconocer, pertenecer y asumir responsabilidades, en el que las personas más afectadas no son meros titulares de derechos a quienes hay que asistir, sino socios cuyo liderazgo debe dar forma a cada parte de la respuesta.