La decisión del Gobierno de las islas Malvinas, bajo administración británica, de extender durante cinco años los permisos de exploración petrolera vuelve a poner los recursos energéticos en el centro de la disputa de soberanía con Argentina, justo cuando el Gobierno de Javier Milei ha pasado de la protesta diplomática a una ofensiva jurídica contra las empresas involucradas y prepara una ley para ampliar las sanciones. El desarrollo de Sea Lion, que prevé comenzar a producir crudo en 2028, convierte así una controversia territorial de larga duración en un conflicto con consecuencias empresari

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