Cuando las calles se vuelven demasiado peligrosas, la disidencia migra en línea
Originalmente publicado en Global Voices en Español
Empresa de telecomunicaciones en Níger. Imagen de Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en Democracia«. Esta serie busca explorar las distintas formas de protestas, las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
El margen para protestar se está reduciendo en gran parte del continente africano, ya que los Gobiernos recurren a detenciones, toques de queda y cortes de internet para reprimir la disidencia. Cuando las calles se vuelven demasiado peligrosas, la disidencia suele hacerse en línea, precisamente donde entran en escena las empresas de telecomunicaciones, que a menudo deciden bajo presión del Gobierno si una llamada telefónica se conecta o si un mensaje llega a su destinatario. Este artículo analiza cómo se ha utilizado ese poder y la responsabilidad que las empresas de telecomunicaciones han eludido con demasiada frecuencia.
Kinshasa, capital de República Democrática del Congo, y Brazzaville, capital de República del Congo, situadas a ambos lados del río Congo, son como ciudades hermanas. Las comunidades que viven a orillas del río Congo tienen más cosas en común de lo que sugieren las diferencias implícitas en una frontera colonial. Aquí, la revolución, el deseo de libertad, las protestas y la posterior represión gubernamental están íntimamente entrelazados.
En estas ciudades, y en todo el continente africano, los jóvenes no se conforman con la situación. Desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo, los jóvenes han encabezado manifestaciones para defender su derecho a un futuro mejor, enfrentado a líderes envejecidos y déspotas acomodados en su poder.
Para reprimir estos levantamientos, los Gobiernos han recurrido a cortar internet; la coalición #KeepItOn ha informado de unos cien cortes de internet en todo el continente entre 2016 y 2025. En República Democrática del Congo se han documentado las protestas, los cortes de internet, y el caos y la violencia resultantes durante el turbulento mandato del expresidente Kabila y su posterior aferramiento al poder entre 2001 y 2019. En Brazzaville, se limitó la conexión a internet durante las elecciones presidenciales de 2026, como ocurrió con las elecciones anteriores de 2021.
Además, es posible que la operadora de telecomunicaciones MTN haya permitido violaciones de los derechos humanos cuando dejó que la Dirección General de Seguridad Presidencial utilizara su servicio oficial de mensajería para animar a la población a entregarle información sobre disidentes, que ya ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales. Más allá de estos países, empresas de telecomunicaciones como Airtel, Tigo, MTN y Vodacom se han visto implicadas en cortes de red o en intercambios de datos personales de los usuarios con Gobiernos de toda África y Medio Oriente.
Las empresas de telecomunicaciones hacen importantes inversiones en la infraestructura de la que son propietarias, que gestionan y controlan, ya que constituye la base de las comunicaciones modernas. Como proveedores de servicios de internet, estas empresas controlan los flujos de tráfico de red y de información que determinan cómo usamos internet. En su calidad de guardianes, también pueden decidir si podemos acceder a internet o hacer una llamada telefónica que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Este poder conlleva también la responsabilidad de proteger los derechos humanos de los usuarios. Sin embargo, se trata de una responsabilidad que las empresas de telecomunicaciones descuidan cuando cumplen las exigencias del Gobierno de cortar la red o cuando entregan los datos de los usuarios con el Gobierno.
Para complicar más las cosas, empresas de telecomunicaciones como MTN y Vodacom mantienen relaciones documentadas con miembros de Gobiernos africanos, entre los que destacan el expresidente Kabila, de República Democrática del Congo, y el presidente Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica. Además, hay muy poca información disponible sobre los acuerdos de espectro y concesión de licencias que las empresas de telecomunicaciones han firmado con los Gobiernos.
A esta falta de transparencia se suman estructuras de propiedad complejas y confusas que dificultan comprender quién es responsable y debe asumir responsabilidades por las decisiones que vulneran los derechos humanos. Estas relaciones, unidas a una falta de transparencia generalizada en el sector, ponen en duda la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones cuando son cómplices de violaciones de derechos humanos. En un entorno de regímenes autoritarios, dictaduras y corrupción, una relación aparentemente estrecha con el Gobierno difumina la independencia de las empresas y pone en duda si están priorizando los derechos humanos de los usuarios o a las exigencias del Gobierno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a no ser sometido a detención arbitraria. Como miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tanto MTN como Vodacom tienen la obligación de apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente, al tiempo que se aseguran de no ser cómplices de violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, ambas empresas han llevado a cabo cortes de red y han entregado información personal de los usuarios en toda África, a menudo en momentos de disturbios y protestas. No son las únicas en este sentido. La campaña #KeepItOn también destaca el papel de Safaricom y Zain al restringir la conexión a internet durante las protestas. La imposibilidad de comunicarse puede tener graves consecuencias para los manifestantes. Pero, más allá de los activistas, los cortes facilitan numerosos riesgos y violaciones de los derechos humanos, como imposibilidad de realizar llamadas telefónicas que pueden salvar vidas a hospitales o a las fuerzas del orden.
Podemos y debemos exigir algo mejor. Junto a quienes arriesgan su seguridad en primera línea para defender sus derechos, se puede trabajar para impulsar cambios en el comportamiento de las empresas.
Investigaciones recientes en empresas de telecomunicaciones, como MTN y Vodafone, matriz de Vodacom, revelan una tendencia preocupante. Las empresas se están volviendo menos transparentes precisamente cuando más necesitamos que den un paso al frente en materia de derechos humanos. Las organizaciones están efrentando y exigiendo responsabilidades a estas y otras empresas tecnológicas. Este tipo de trabajo une a personas y organizaciones para que utilicen los resultados de la investigación como base de sus protestas, campañas, actividades de defensa y litigios. De este modo, protestamos contra los modelos de negocio perjudiciales y la perspectiva de «seguir como siempre» que antepone los beneficios a las personas.
El cambio a través de esta línea de protesta, aunque lento, sigue siendo posible. Exigir responsabilidades a las empresas como forma de protesta ha dado lugar a una demanda civil contra Telenor Noruega, lo que ha obligado a la empresa a asumir la responsabilidad por su papel en la muerte de personas que se atrevieron a enfrentar a la junta militar de Myanmar. En Estados Unidos, como miembros de la Coalición para la Investigación Tecnológica Independiente, apoyamos la lucha contra la política nacional de inmigración y ganamos.
Exigir a las compañías que cumplan sus compromisos en materia de derechos humanos es una forma de protesta. Hacer que las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad y exigirles más transparencia es una forma de protesta. A lo largo del río Congo y más allá, nos solidarizamos con quienes luchan por sus derechos humanos. Aunque corten la red, seguiremos documentando las políticas y prácticas de las empresas de telecomunicaciones. Porque hemos visto una y otra vez que, cuando los Gobiernos consideran que la verdad es objeto de debate, incluso documentar los hechos es una forma de protesta.
