Tras haber elegido un nuevo gobierno, ¿qué tanto han cambiado las estructuras e instituciones del Estado?
Originalmente publicado en Global Voices en Español
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Gente celebra en el exterior de la oficina del primer ministro, Sheikh Hasina, tras su dimisión. Imagen de Wikipedia por Md Joni Hossain (CC BY-SA 4.0).
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en Democracia«. Esta serie busca explorar las distintas formas de protestas, las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
El 5 de agosto de 2024, cientos de personas tomaron las calles de Daca, Bangladesh, después de que cayó el Gobierno que había mandado en el país por más de 15 años entre protestas en masa contra el autoritarismo y demandas de rendición de cuentas.
Nadie se lo habría imaginado semanas antes. El día que ocurrió, multitudes inundaron las calles para celebrar el fracaso del Gobierno y que, por fin, se atendía una demanda de rendición de cuentas.
Dos años después, otra pregunta sigue a esa victoria. ¿Logró el país cambiar solamente el Gobierno o también el sistema que impulsó a que los habitantes tomaran las calles?
La revuelta de julio comenzó por una reforma de las cuotas de los empleos públicos, lo que derivó en amplio descontento político y social. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (conocida como OHCHR) contó alrededor de 1400 muertes entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2025. El 5 de agosto, la entonces primera ministra, Sheikh Hasina, dimitió y abandonó el país.
El Gobierno cayó y ese era el resultado visible, pero quienes salieron a las calles en julio querían más: reformas instituciones, que se asumieran responsabilidades, reconstrucción total desde cero de las estructuras de poder.
Las promesas de las revoluciones de julio
Hasnat Abdullah, uno de los principales líderes de este movimiento, dijo al portal de noticias BDNews24.com que algunos de los cambios estructurales que se habían discutido en la revolución nunca se materializaron.
En sus palabras:
People expected reforms across the judiciary, executive and every institution of the state. Instead, the same old structure that repeatedly allows authoritarianism to return has survived.
Se esperaban reformas en el poder judicial, el ejecutivo y cada institución del Estado. En su lugar, aquella vieja estructura que permite el regreso constante del autoritarismo ha sobrevivido.
Otros observadores cuestionan esa afirmación. El analista político Kazi Mohammad Mahbubur Rahman lo explica así en su conversación con BDNews24.com:
জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ‘কর্তৃত্ববাদ থেকে মুক্তি’ পেয়েছে, ‘অনেক দিন পর’ মানুষ ভোট দিতে পেরেছে, একটি নির্বাচিত সরকার এসেছে।
নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের একটা বার্তা আমরা পাচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যৎ বলে দেবে, এটা কতটা টেকসই হল। এখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর রাখা এবং এটা সক্রিয় করার ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে।
La revolución de julio liberó a Bangladesh del ‘régimen autoritario’, y ‘tras años sin elecciones’, el pueblo volvió a votar en elecciones que llevaron al poder a un gobierno democráticamente.
Las elecciones da un mensaje de democracia, pero que esa democracia se sostenga depende de lo que aún queda por hacer: mantener el proceso activo, mantenerlo con vida.
Construir un sistema democrático completo requiere tiempo, dijo. Por ende, la pregunta después de julio no consiste solo en quién tiene el poder, sino en cómo han cambiado de verdad las reglas de quien lo tiene.
La reforma, analizada dos años después
Varios estudios han analizado la diferencia entre lo que la gente esperaba y lo que recibió.
Las encuestas de seguimiento en tres fases del BRAC Instituto de Gobernanza y Desarrollo del BRAC (BIGD), hechas entre 2024 y 2025, muestran que el optimismo descendió constantemente. En agosto de 2024, el 71% de los encuestados creían que la dirección política del país iba por buen camino. Para 2024, el número había bajado hasta el 42%. Por otra parte, el 57% calificó la reforma policial y judicial como las prioridades de mayor urgencia; el 38% eligió la reforma electoral y policial.
Los ciudadanos consideran a las instituciones igual de importantes que las elecciones y que el cambio en el Gobierno en sí. Se sigue cuestionando si esas reformas se sostienen.
En abril de 2026, Al Jazeera publicó que al menos 23 de las 133 ordenanzas emitidas por el gobierno interino (entre agosto de 2024 y febrero de 2026) estaban derogadas o las dejaron expirar. Estas normas abarcaban derechos humanos, control judicial, reforma policial e iniciativas para evitar la corrupción. Los partidos opositores y algunos analistas lo consideraron un retroceso. El Gobierno tiene otra opinión al respecto: es un proceso de revisión en el que se retiraron las leyes para reformarlas y volver a presentarlas, no que se hayan cancelado las reformas.
El lento avance de las reformas estatales no es la única queja. Partidos opositores y activistas de derechos humanos resaltan que están resurgiendo viejos hábitos políticos con nombres nuevos, según los medios. Las contrataciones por contrato se han vuelto a colar en las instituciones más importantes. El controvertido Batallón de Acción Rápida, disuelto ante acusaciones de abuso, tiene un sucesor llamado SRB. Los críticos se preguntan lo obvio: ¿cambiarle el nombre a un problema lo soluciona?
Las leyes cibernéticas y el derecho a la libertad de expresión son una nueva pelea. El control estatal sobre la expresión en línea marcó las protestas de 2024, e incluyeron la caída de Facebook y bloqueos de internet, según informa la OHCHR. El Gobierno defiende que sus medidas para el reglamento sobre ciberseguridad son necesarias para combatir la delincuencia en línea, la desinformación y el contenido generado por IA. Los críticos ven otra cosa: que la vieja maquinaria para silenciar a la disidencia ha sido reconstruida.
El destino de la Carta Nacional de julio, firmada por partidos políticos importantes como el gobernante Partido Nacionalista de Bangladesh, plantea la misma pregunta. Se prometieron reformas estructurales en las instituciones estatales: división de poderes, independencia judicial, sistema electoral, la Policía y medidas anticorrupción. Tras dos años, los partidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo sobre hasta dónde y qué tan rápido deberían ir esas reformas.
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El cartel de la manifestante dice «Esta ola masiva no se detendrá». Imagen de Wikipedia de Wasiul Bahar (CC BY-SA 4.0).
¿Qué viene después de las protestas?
Una protesta puede derrocar a un gobierno rápidamente. Sin embargo, reconstruir instituciones, reescribir leyes y redistribuir el poder no es cosa de semanas, sino de años. A primera vista, se percibe un nuevo gobierno democrático, pero una democracia que funcione de verdad se manifiesta en otra parte: en las instituciones, en la rendición de cuentas, en la división de poderes y en los derechos civiles que la ciudadanía puede ejercer realmente.
La revuelta de julio de 2024 demostró que una protesta puede eliminar el poder político. Dos años después, el desafío es otro: ¿cuánto de lo que la gente esperaba de aquella protesta existe hoy en la práctica?
La pregunta de Hasnat Abdullah no va dirigida solamente a los responsables del movimiento. Va dirigida a quienes llevan a los heridos a los hospitales, a quienes dan de comer y de beber, y a quienes apoyaron las protestas sin importar su lugar de procedencia.
El Gobierno ha cambiado. Eso es más que evidente. Saber si las promesas de julio se han arraigado en las instituciones y las estructuras de poder que las cimentan es un balance aún no termina.
